El poder punitivo, la prisión preventiva en los delitos de drogas de menor escala transgreden los derechos humanos de los procesados
Con una reforma al Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que permite contar con una medida de prisión preventiva para delitos donde se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general sustancias estupefaci...
Kaydedildi:
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2017
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| description | Con una reforma al Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que permite contar con una medida de prisión preventiva para delitos donde se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados, se evitará violaciones a los derechos de los procesados (consumidores- adictos) que han sido detenidos con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en un procedimiento directo. Como se puede evidenciar en los estudios que en los últimos años se han efectuado en nuestro país acerca del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, más aún cuando nuestra legislación protege a las personas adictas a las drogas siendo estas que para poder consumirlas deberían comprarla, tenerla, poseerlas este tipo de sustancias ilícitas. Lo indicado en el párrafo anterior representa que al momento de procesarlo a una persona que ha sido detenida con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización y ponerle una prisión preventiva estaríamos re victimizándola y excediéndose el aparato punitivo estatal ya que si bien es cierto en nuestra legislación no existe una entidad que certifique o acredite que una persona es adicta o no. |
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| spelling | El poder punitivo, la prisión preventiva en los delitos de drogas de menor escala transgreden los derechos humanos de los procesadosRobalino Villafuerte, José LuisPoder PunitivoPrisión PreventivaDelito de DrogasCon una reforma al Artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que permite contar con una medida de prisión preventiva para delitos donde se oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados, se evitará violaciones a los derechos de los procesados (consumidores- adictos) que han sido detenidos con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización en un procedimiento directo. Como se puede evidenciar en los estudios que en los últimos años se han efectuado en nuestro país acerca del consumo de sustancias sujetas a fiscalización, más aún cuando nuestra legislación protege a las personas adictas a las drogas siendo estas que para poder consumirlas deberían comprarla, tenerla, poseerlas este tipo de sustancias ilícitas. Lo indicado en el párrafo anterior representa que al momento de procesarlo a una persona que ha sido detenida con sustancias ilícitas sujetas a fiscalización y ponerle una prisión preventiva estaríamos re victimizándola y excediéndose el aparato punitivo estatal ya que si bien es cierto en nuestra legislación no existe una entidad que certifique o acredite que una persona es adicta o no.El tema de consumo de drogas, conforme señala la doctrina, la adicción, es un problema de salud, mientras que el tráfico, es un delito de acción penal pública; por esta razón es menester distinguir entre tráfico y consumo de drogas, pues si bien ambos están estrechamente relacionados, sin embargo las acciones eficaces para reducir uno y otro son distintas, ya que mientras el tráfico ilícito de drogas es un problema penal, la drogadicción es un problema de salud, de este modo los trasgresores penales son perseguidos y traídos coactivamente a la justicia, en cambio el único tratamiento eficaz para recuperar a los adictos, consiste en lograr por parte de ellos, el reconocimiento de su enfermedad y, su consiguiente voluntariedad para someterse a la terapia, por lo que es indispensable la fluida comunicación con el adicto y que éste perciba la posibilidad de recibir por medio de los funcionarios del Estado, la asistencia que necesita y, nunca la amenaza penal; El artículo 364 de la Constitución de la República, señala dentro del Título VII, que trata del Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero, Inclusión y Equidad, Sección Segunda, Salud “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado contralará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco”. Así este artículo constitucional prohíbe castigar penalmente conductas que no supongan daño para otro, pues por razones ontológicas; el Derecho no puede regular tipos de conducta que no supongan algún grado de interferencia en la conducta ajena.Granja Zurita, Diego Francisco2017-02-21T15:20:00Z2017-02-21T15:20:00Z2017-02info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTUAEXCOMMDP004-2017http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5472spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2017-02-21T15:20:00Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/5472Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552017-02-21T15:20Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse |
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