Vulneración del derecho de igualdad en el procedimiento abreviado - Castillo Haro, Luis Patricio (2023)
De acuerdo a lo expuesto por Torres (2019) el procedimiento abreviado se incluye como un método para la resolución de conflictos penales diferente al proceso ordinario, permitiendo dirimir un conflicto con mayor rapidez y con la utilización de menos recursos, logrando un enjuiciamiento célere que beneficia a todas las partes intervinientes en un juicio, lo cual facilita dar respuestas a la mayor cantidad de casos posibles. El procedimiento abreviado surge de la inquietud de obtener sentencias en un plazo razonable, permitiendo el ahorro de energía y recursos jurisdiccionales, en causas por delitos no muy graves, en los cuales el juicio oral y público no sea imprescindible para obtener una resolución ajustada a la legalidad y la verdad (Bulnes et al., 2016). Tal como lo expone Riego (2000) es un pacto de cambio de procedimiento, en donde las partes ceden parcialmente en sus pretensiones, lo cual les permite obtener una ventaja. El fiscal renuncia a la posibilidad de una pena en instancias superiores fijadas por la ley, pero a cambio tiene la ventaja de no tener que producir la prueba en el juicio oral, validando la pruebas que ha recabado en la fase preparatoria. Por otra parte, obtiene del imputado una declaración de aceptación de los hechos, quedando excluido el debate. En este mismo sentido el imputado obtiene certeza respecto de la pena que arriesga y una eventual disminución de la misma, renunciando a cambio a su derecho de que la culpabilidad sea probada por el Fiscal en juicio oral, aceptando ser juzgado por medio de documentos que dan cuenta de la investigación del Fiscal. Sobre este particular, Benavides et al. (2020) expresa que el procedimiento abreviado se fundamenta en los principios de oportunidad y celeridad, para los casos taxativamente indicados en la ley, de lo cual debe tener conocimiento expreso el procesado, siempre garantizándose el respeto a las normas del debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley consagrado en la Carta Magna.