La falta de atención integral a la salud en los casos de los interdictos y el derecho a una vida digna

La salud tiene denominación de derecho fundamental dentro de los Estados constitucionales por la relevancia que representa en la vida de las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 expone que toda persona tiene derecho a un nivel adecuado de vida que le asegure su salud, servicios sociales y en los casos de pérdida de sus medios de subsistencia (ONU, 2016). El pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales por su parte expone que es responsabilidad de los Estados reconocer y garantizar el derecho de toda persona a la salud, tanto física y mental, en la búsqueda del desarrollo social y estatal, con la creación de condiciones satisfactorias que brinden a todos los ciudadanos asistencia y servicios médicos en caso de cualquier enfermedad (PFIZER, 2017). La atención integral es considerada como aquella planificación de políticas públicas en materia de salud que realizan las entidades gubernamentales, considerando a la misma como un proceso de transformación, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención médica para responder a las necesidades de las personas dentro del espacio – población (ASTUDILLO, 2019). Por su parte la palabra interdicto están considerados como aquellas acciones que protegen el hecho de la posesión sin importar la calidad del poseedor, concibiendo a esta institución jurídica como aquella que defienden al poseedor de buena y mala fe con auxilio de un juez que vela por el derecho de estas personas con el objetivo de evitar peligros en su vida (TANTALEAN, 2020). En España la interdicción está considerada como la condición humana que no permite la toma de decisiones por la ausencia de claridad para la determinación de ciertos límites en diferentes ámbitos, convirtiéndose en una práctica de representación a nivel social y experiencias que influyen de forma directa en el normal desarrollo de las personas, afectando en la no concientización de ciertas instituciones jurídicas (CRUZ, 2016). Parte de la doctrina considera que la salud es el estado adecuado físico y psíquico que permite a las personas ejercer con normalidad sus actividades diarias y debe ser pilar fundamental para la consecución del desarrollo estatal, siendo importante atender a las consideraciones de los ordenamientos jurídicos estatales, el suscrito precepto fija competencia de las funciones estatales para organizar y desarrollar políticas públicas para prevenir y rehabilitar las afectaciones del individuo a nivel físico y psicológico (FERNANDEZ, 2020). En Colombia se plantea a la salud de sus ciudadanos como eje de desarrollo, consiste en brindar atención integral e integrada para corregir situaciones de segmentación o discriminación de parte de la población que sufra de algún tipo de trastorno o patología que a causa de ella incurra en condiciones de desigualdad imponiendo desafíos para la implementación de estrategias que garanticen el acceso sanitario a todas las personas por igual sin tener en cuenta sus patologías (GUERRERO, 2020). Por su parte en el ordenamiento jurídico interno colombiano se conoce al interdicto como aquella persona incapaz que cumple con una serie especifica de características o limitaciones psíquicas o de comportamiento que impiden a la persona comprender el alcance de los hechos que realiza y consecuentemente asume riesgos en el manejo de su patrimonio o derechos, por lo que el Estado aplica un modelo médico–rehabilitador para permitirles volver a desempeñar roles importantes dentro de la sociedad procurando un desarrollo propio de una personas saludable (MORALES, 2021). La interdicción en Chile está considerada como algún tipo de discapacidad resultante de la interacción entre algunas situaciones fácticas de índole físico o psíquico, que pueden presentar complicaciones de los individuos con su entorno, tales como la exclusión, falta de atención integral, escasas políticas públicas en materia que limitan su participación plena en la sociedad, con igualdad de condiciones entre la sociedad en general (GOMEZ, 2019). La atención integral de la persona garantiza el cuidado personal y familiar, por lo que está comprometido a resolver o solucionar problemáticas referentes al estado físico o psíquico de las personas, permitiendo unificar y no segmentar a la población mediante la aplicación de propuestas relacionadas en la búsqueda de la rehabilitación y reinserción de aquellos que padecen algún tipo de interdicción o discapacidad dentro del Estado para que le sean respetados sus derechos (VALLADARES, 2019). En Perú la atención integral radica en una visión que está compuesta multidimensionalmente donde el Estado se compromete al suministro continuo y específico en materia de salud sobre el individuo y su familia de forma corresponsal con sectores estratégicos para la prevención, lucha y rehabilitación de las materias en tema de salud con el objetivo de mejorar el estado de salud de la población para su desarrollo (APOLO, 2019). La interdicción está considerada como la prohibición hacia una persona de ejercer sus derechos cuando incurre en algunos requisitos estipulados por la Ley debido a sus condiciones o facultades físicas o mentales, provocando que sea considerado como no óptimo de afrontar las diversas situaciones de su cotidianidad (HUANCA, 2018).

• Hlavní autor: Saez Apugllon, Delfina (author)
• Médium: bachelorThesis
• Vydáno: 2021
• Témata: INTERDICCIÓN, DERECHOS, POLÍTICAS PÚBLICAS, TUTELA EFECTIVA, ATENCIÓN INTEGRAL
• On-line přístup: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/14249