Documento de análisis jurídico que evidencie la inaplicabilidad del principio de objetividad por parte del fiscal en el debido proceso penal, para garantizar que no se vulneren los derechos y garantías del supuesto infractor - Armendariz Zuluaga, Jorge Eduardo (2017)
Se toma como punto de partida, que la Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza normativa directa, los principios y normas incluidas en su texto y en el Bloque de Constitucionalidad confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal (COIP), porque las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para que sean aplicables directamente por los jueces. En consecuencia, es indispensable determinar la correspondencia constitucional de los bienes jurídicos protegidos y las garantías de quienes se 2 someten a un proceso penal en calidad de víctimas o procesados para que estén adecuadamente regulados y protegidos. El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad. Es importante en el ejercicio de su función, que la o el fiscal adecue sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan.