El derecho al debido proceso en el cometimiento de infracciones administrativas por los propietarios de los locales comerciales - García Tello, Yadira María (2018)
Como primer paso en el acercamiento a un concepto del debido proceso, debemos remontarnos a 1215, año en que los barones ingleses se alzaron en armas, ya cansados de la tiranía del Rey Juan sin Tierra, quien, ante la posibilidad de la rebelión y una guerra civil, y de acuerdo a las exigencias de aquellos, concede y dicta la Carta Magna, la cual fue reeditada en 1216, 1217, y nuevamente en 1225 con algunas modificaciones en dicho documento y más precisamente en su Capítulo XXXIX se estableció “Que ningún hombre libre será aprehendido ni encarcelado ni despojado de sus bienes ni desterrado o de cualquier forma despojado de su buen nombre, ni nosotros iremos sobre él, si no media juicio en legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del país o del reino” (Arazi, 2003, p. 132). Ahora bien, los aspectos relacionados con el debido proceso no se originan en las Constituciones, textos que en la historia del Derecho son relativamente nuevos. Estas reglas, principios, garantías y derechos del debido proceso son incorporadas en las denominadas declaraciones de derechos que, en esas partes, tenían notoria importancia penal. Esas declaraciones de derechos, inicialmente, conformaban cuerpos distintos a los textos constitucionales, que se redactaban por separado. En el Ecuador, desde la Constitución de 1830 se reconocieron derechos fundamentales, lo que no ocurre en la Constitución Quiteña de 1812, siguiendo la corriente de la época en que se separan los asuntos orgánicos en un texto denominado constitución de la declaración de derechos, aunque tempranamente se funde en un solo texto, como ocurre en la Constitución de los Estados Unidos 1787 en sus diez primeras enmiendas, todas de 1790, incorporan la Declaración de Derecho de Virginia. La situación de las garantías es diferente, pues no fue sino hasta la Constitución de 1929 en la que se incorporó la primera que es el hábeas corpus. (Constitución, 1929).