El decreto ejecutivo no.707 vulnera el derecho a una vida libre de violencia.
En el presente artículo, considera la reciente ola de violencia, y la evolución de bandas de grupos delictivos, mismos que presionan a la sociedad y se ha vuelto insostenible para los organismos de la fuerza pública, considerando también las brechas de corrupción institucionales, es así que detallan...
Պահպանված է:
| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Ձևաչափ: | bachelorThesis |
| Լեզու: | spa |
| Հրապարակվել է: |
2024
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| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18140 |
| Ցուցիչներ: |
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| Ամփոփում: | En el presente artículo, considera la reciente ola de violencia, y la evolución de bandas de grupos delictivos, mismos que presionan a la sociedad y se ha vuelto insostenible para los organismos de la fuerza pública, considerando también las brechas de corrupción institucionales, es así que detallando dichos eventos y como antecedentes de la presente investigación se toma en consideración varias de las estadísticas que ayudan a entrar en contexto de los índices de criminalidad es así que, Ecuador es un país que ha enfrentado múltiples desafíos en materia de seguridad ciudadana. En los últimos años, losíndices de criminalidad se han incrementado significativamente, especialmente en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, el 33,60% de la población de 15 años y más ha sido víctima de algún delito en el último año (Llambo, 2023). El Gobierno Nacional ha considerado dichos aspectos, y en aras de garantizar la protección de las personas y la seguridad ciudadana promulga con fecha 1 de abril del 2023 el Decreto Ejecutivo Nro. 707, que enlo medular autoriza a la población civil a portar armas de fuego, claro está que dicho permiso debe ser gestionado mediante las Fuerzas Armadas. En este sentido provoca una interrogante dirigida hacia el Estado de Paz y además haciael derecho a una vida libre de violencia que garantiza el estado ecuatoriano a través de su Constitución en su Artículo 66.3.b, sin embargo: “(…) La revisión de datos tanto del INEC, ministerio del interior, fiscalía general del estado y policía nacional reveló que, el 71,00 % de los homicidios y asesinatos en el país son cometidos con armas de fuego, y el 75,00 % de estas armas están catalogadas como armas de uso civil, ampliando los datos,según un estudio realizado por la policía nacional en el año 2015 se determinó que dentrode las armas incautadas el 90,00 % eran consideradas armas de uso civil” (Salas, 2023). Como resultado, permitir que más personas porten armas de fuego podría aumentar potencialmente el riesgo de violencia y delincuencia, en última instancia, cualquier decisión de permitir una posesión más generalizada de armas debería basarse en una evaluación cuidadosa de todas estas consideraciones y debería estar guiada por uncompromiso con la seguridad pública y el uso responsable de armas de fuego (Arias, 2023). |
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