La escasa regulación de los servicios notariales telemáticos en el Ecuador: un análisis de su incidencia en la seguridad jurídica de los usuarios
La seguridad jurídica es una de las figuras/principios jurídicos más importantes en los Estados que se consideran enmarcados en derechos y justicia. En términos generales, la seguridad jurídica puede definirse como un principio del derecho en donde se le garantiza al ciudadano el uso adecuado, homog...
Guardat en:
Autor principal: | |
---|---|
Format: | masterThesis |
Idioma: | spa |
Publicat: |
2024
|
Matèries: | |
Accés en línia: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18500 |
Etiquetes: |
Afegir etiqueta
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Sumari: | La seguridad jurídica es una de las figuras/principios jurídicos más importantes en los Estados que se consideran enmarcados en derechos y justicia. En términos generales, la seguridad jurídica puede definirse como un principio del derecho en donde se le garantiza al ciudadano el uso adecuado, homogéneo y oportuno de la justicia en todo momento (De la Rosa, 2020, p. 884). Bajo esta conceptualización, la seguridad jurídica sería una especie de baluarte mediante el cual las personas de una nación podrán obtener un cierto grado de confianza en sus instituciones de justicia, permitiéndoles así contar con ellas para resolver los problemas que se presenten en su cotidianidad. En el caso del Ecuador, la seguridad jurídica está contemplada desde la propia Constitución de la República del Ecuador, que de ahora en adelante será mencionada como CRE. En la carta fundamental se explica que “el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (CRE, 2021, art. 82). La concepción de la seguridad jurídica en el país, pues, se consolida en la necesidad de que exista un marco jurídico que anteceda las decisiones estatales, sanciones y otros procederes jurídicos, que las normas que fundamentan todo esto sean específicas y carentes de vacíos, que cualquiera pueda acceder a ellas para conocerlas y, tan importante como todo lo anterior, que su aplicación recaiga en manos de aquellos que se determinen como competentes. Se debe tener en consideración que la seguridad jurídica, al ser un principio constitucional, debe ser aplicada en todos y cada uno de los rincones operativos del Estado, lo cual incluye a la función judicial y, por supuesto, sus servicios auxiliares. Uno de estos servicios, el notarial, también se ve afectado (positivamente) por la seguridad jurídica. De manera precisa, la seguridad jurídica en el ámbito notarial persigue mantener a este servicio correctamente apegado a las normas jurídicas superiores y principios aplicativos de la justicia en el país (Jaramillo, 2022, p. 1080). Resulta especialmente destacable que el principio de seguridad jurídica demanda cambios constantes en la normativa notarial, esto con la finalidad de ajustarla para que los usuarios de este servicio auxiliar puedan ser atendidos con mayores garantías jurídicas en todos los procedimientos vinculados a la fe pública. |
---|