Análisis de la competencia de autodeterminación de los pueblos y nacionalidad indígena en materia seguridad pública

La Justicia Indígena se origina en un derecho Constitucional que garantiza su Autodeterminación, poseyendo un Autogobierno establecido a través de un marco de normas civiles aplicado en las comunidades, con el objetivo de brindar seguridad a los indígenas dentro de sus territorios, normas basadas en...

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Main Author: Mera Zambrano, Johanna Yadira (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2021
Subjects:
Online Access:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/12969
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Description
Summary:La Justicia Indígena se origina en un derecho Constitucional que garantiza su Autodeterminación, poseyendo un Autogobierno establecido a través de un marco de normas civiles aplicado en las comunidades, con el objetivo de brindar seguridad a los indígenas dentro de sus territorios, normas basadas en la Constitución, los Instrumentos Internacionales de derechos y de cooperación entre justicia ordinaria e indígena. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador, 2008, en su artículo 1 reconoce a las Nacionalidades y Pueblos en el Estado Intercultural y Plurinacional dentro del territorio ecuatoriano. La diversidad de sus culturas y la existencia de varias nacionalidades con diversas actividades en lo social, político y económico, con el fin de realizar el bienestar dentro del territorio nacional. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) . Todo esto con el fin de garantizar a las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades indígenas, el fortalecimiento de identidades y de conocimientos ancestrales, de tradiciones, culturas y costumbres de conformidad con los pactos, convenios, declaraciones y demás Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. El principio de la organización territorial se conforma de autonomía política, administrativa y financiera, un desarrollo solidario y justo respetando la diversidad de etnias y culturas recordando que el Estado se enmarca dentro de un proceso de autonomías y descentralización. (Corte Constitucional, 2011).