La inconstitucionalidad de la compra de renuncia obligatoria a los servidores públicos y el derecho al trabajo - Benavides Salazar, Cristian Fernando (2017)
La presente Investigación pretende dejar las falencias en que los servidores públicos están sufriendo abusos y violaciones a los derechos constitucionales y laborales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Servicio Público y al Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, de un modo constante, los cuales provienen de las reformas jurídicas constitucionales, legales y reglamentarias que se han implantado en nuestro país desde el año 2008. El artículo 229 la Constitución de la República señala que son servidores públicos “Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores..”, (Constituciòn de la Republica del Ecuador, 2008), en concordancia con la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 4 que dice “Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”; (Ley Orgánica de Servicio Público, 2010), en la actualidad el derecho al trabajo, es el que más se vulnera en el Ecuador, a pesar que se encuentra legislado en nuestra Norma Normarum, y existen leyes laborales que protegen los derechos de los Servidores Púbicos, aunque de manera negativa el mismo estado como empleador vulnera la Estabilidad Laboral de los Servidores Públicos.