El derecho penal del autor o el enemigo y los principios de legalidad y oportunidad en el debido proceso

A lo largo de la evolución normativa, el Ecuador ha ido moldeándose como un estado garantista de derechos, sin embargo, desde la constitución vigente desde el año 2008, ha dado un enfoque aún más centrado en cuanto al sistema de justicia, implementando así principios procesales que independientement...

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Mena Morales, Mirka Sofia (author)
Format: bachelorThesis
Idioma:spa
Publicat: 2021
Matèries:
Accés en línia:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13463
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Descripció
Sumari:A lo largo de la evolución normativa, el Ecuador ha ido moldeándose como un estado garantista de derechos, sin embargo, desde la constitución vigente desde el año 2008, ha dado un enfoque aún más centrado en cuanto al sistema de justicia, implementando así principios procesales que independientemente de la materia en que cualquier proceso o causa se encuentre sometido, debe garantizar la seguridad jurídica, que como consecuencia es el cumplimiento de principios procesales. Es así que el sistema de justicia penal no es la excepción, pues existe lo que llamamos el debido proceso que no es más que el conjunto de principios procesales y garantías de derechos en una fase pre procesal y en las subsiguientes etapas procesales, en las que un ciudadano se encuentre sometido. Bajo estos parámetros también es importante mencionar, que la Constitución es quien rige a las diferentes normativas que buscan una armonía en la sociedad. Ecuador por ser un estado constitucional sucede exactamente lo mismo, es decir que si la creación, modificación, reforma, derogatoria o cualquier otro acto legislativo que sucede para hacer de la norma una base aún más sólida para todo un país debe ser sometido a un control constitucional y evitar que se vulnere cualquier principio o derecho contenido en la constitución. La última reforma al coip vigente desde el mes de junio del año 2020, intenta implementar un sistema procesal penal contrario al que la Constitución del Ecuador manifiesta; esto como consecuencia provoca la vulneración de principios del debido proceso, específicamente el principio de legalidad y oportunidad.