La inconstitucional disposición establecida en el art.464 del COIP como atentado a la presunción de inocencia
La presunción de inocencia es una garantía del Derecho Procesal Penal que permite de manera acertada que toda persona que es notificado con el inicio de una investigación o instrucción fiscal tiene el estado de inocente hasta que las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado sean pr...
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2018
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| description | La presunción de inocencia es una garantía del Derecho Procesal Penal que permite de manera acertada que toda persona que es notificado con el inicio de una investigación o instrucción fiscal tiene el estado de inocente hasta que las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado sean probadas dentro de un proceso penal y que la sentencia que declara la culpabilidad se encuentra ejecutoriada, es decir que pase en autoridad de cosa juzgada cambiando desde este momento su status por el de culpable. La reforma al Código Orgánico Integral Penal que entro en vigencia el 10 de agosto de 2014, estableció como fundamento legal que para sancionar a una persona por la comisión de un acto lesivo ejecutado por una persona, debe sustentarse en hechos reales y probados, que permitan el juzgador llegar al convencimiento de que estos se realizaron de una manera especifica y que el acusado es responsable del mismo, dejando de lado las presunciones que en el procedimiento anterior debían ser graves, precisas y concordante de manera tal que permitan arribar a una conclusión sobre los hechos presentados en juicio que permitan condenar al procesado, situación que en la actualidad fue eliminado de nuestro ordenamiento jurídico penal. El problema surge a raíz de la colisión de normas que nacen en el numeral 5 del art. 464 del Código Orgánico Integral Penal y el Estado de inocencia establecido en la Constitución, uno por brindar una garantía y presumir la inocencia de las personas, y otro por presumir la responsabilidad de las mismas con la categoría de prueba plena al momento de la valoración por el juzgador. La importancia de la investigación nace en demostrar la inconstitucionalidad de un texto normativo infra-constitucional con respecto a un texto normativo Constitucional; lo dicho, en aplicación del principio de supremacía Constitucional. |
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