La responsabilidad estatal en el derecho a la salud para personas privadas de la libertad - Herrera Hidalgo, Estefanía Valeria (2018)
La obligación del Estado de respetar y garantizar el derecho a la salud se mantiene a lo largo de la ejecución de la pena, al respecto Juan Posada sostiene: “Este derecho es importante en los centros de reclusión, no solo por tratarse de un derecho garantizado a todas las personas sin distinción y por su evidente conexión con el derecho a la vida, sino porque las personas privadas de la libertad no están en condiciones de desplazarse para procurarse por sus propios medios, la atención medica que requieren”. (Posada, 2008, p. 80). En esta definición se dice claramente que las personas privadas de la libertad por su propia voluntad no pueden acceder a la salud y atención médica por que ellos tienen una restricción a su libertad y movilidad y es el Estado el que debe de salvaguardar este derecho a través de un médico especialista. La obligación del Estado empieza desde que la persona ingresa, debe de ser sometida a la práctica de un examen médico en los que se confirme si se encuentra bien mental y físicamente, además con este examen se puede observar huellas de maltrato físico o la necesidad de algún tratamiento médico especial. Y si en caso de que el resultado de este examen establezca la existencia de alguna condición de peligro, se debe comunicar a la autoridad competente.