La fijación de la pena en el procedimiento abreviado - Romero Carvajal, Génesis Marilyn (2019)
El proceso penal es un instrumento de poder, que permite la solución de controversias donde se ven afectados bienes jurídicos protegidos, el proceso penal instrumentaliza el poder punitivo, de tal forma que limita el ejercicio por parte del Estado a través de garantías procesales que limitan el ejercicio de esta facultad estatal. El proceso penal como instrumento, está dotado de un catálogo amplio de garantías sin las cuales se estima que no existe debido proceso. Proceso penal y Debido proceso son sinónimos, ya que ambos representan en el derecho penal contemporáneo, un ejercicio de las garantías que deben de ser observadas a lo largo de la sustanciación de cualquier procedimiento penal. Sin garantías, el proceso se convierte en una ejecución extrajudicial, donde no hay una limitación al ejercicio del poder punitivo. La ciencia procesal penal tiene por objeto el conocimiento de las regulaciones legales que fijan el procedimiento penal, es decir, el conjunto de pasos encaminados para juzgar, investigar, y de haber méritos, sancionar las conductas punibles. En la actualidad, en el Ecuador se encuentra vigente el sistema acusatorio, el sistema acusatorio es de corte garantista, este sistema distingue claramente las funciones de acusar (Fiscalia general del Estado) y de juzgar (Poder Judicial), reconociendo la necesaria vigencia de garantías procesales, así como estableciendo, al interior del proceso, los mecanismos de aseguramiento de dichas garantías. En este sentido, el derecho procesal penal se ocupa no solo de las disposiciones legales que permiten la imposición legitima de sanción penal, sino también de los límites a las facultades de intervención de los órganos encargados de la persecución y sanción penal.