Vulneración al principio de contradicción en la investigación previa - Ortiz Ortiz, Gorky Stalin (2023)
De acuerdo a lo expuesto por Agudelo (2005, pág. 89), el debido proceso es “un derecho fundamental contentivo de principios y garantías que son indispensables de observar en diversos procedimientos para que se obtenga una solución sustancialmente justa, requerida siempre dentro del marco del estado social, democrático y de derecho”. En este mismo orden de ideas señalan Suárez et al. (2019) que el debido proceso es un conjunto de formalidades esenciales que deben cumplirse en todo proceso legal para asegurar los derechos y libertades de toda persona que vaya a ser acusada por la comisión de un hecho punible. Por una parte, hace referencia a todos los medios que una persona tiene para que sus derechos sean respetados y por otra las condiciones que deben cumplirse de forma tal que el Estado asegure que toda persona acusada de un delito pueda defenderse y garantice que se cumplan sus derechos, dentro del debido proceso se incluye el principio de contradicción. El debido proceso se puede considerar como la máxima garantía de funcionamiento de la democracia en un Estado y del respeto al derecho a la defensa ya que es un componente de la estructura del ordenamiento jurídico político, que tiene además la capacidad de limitar el poder represivo del Estado, de forma tal que se convierta en un sistema de garantías constitucionales de los individuos frente a la potestad estadal (Gaitán, 2017). El proceso penal durante la fase de indagación previa como etapa pre procesal ejecutado en contra de uno o varios procesados por la comisión de un presunto hecho punible, debe estar fundamentado en una serie de reglas y principios, que en caso de ser violados generan la ilegitimidad de éste, tal es el caso de cuando la investigación previa se inicia sin que se haya notificado al investigado, a los efectos de que este tenga acceso al derecho de contradicción (Saldaña, Quezada y Durán, 2019)