Los partes policiales y los informes periciales ante la vulneración de la seguridad jurídica y la responsabilidad estatal

A nivel mundial, en la mayoría de países existe un marco jurídico bien desarrollado que estipula y define claramente las funciones y responsabilidades de los encargados de la investigación de delitos, como requisito indispensable para un sistema de justicia penal que funcione debidamente. La investi...

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Hlavní autor: Pauta Castillo, Walter Ramiro (author)
Médium: masterThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2017
Témata:
On-line přístup:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/5848
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Shrnutí:A nivel mundial, en la mayoría de países existe un marco jurídico bien desarrollado que estipula y define claramente las funciones y responsabilidades de los encargados de la investigación de delitos, como requisito indispensable para un sistema de justicia penal que funcione debidamente. La investigación es el portal de entrada en los tribunales y, si no se la efectúa eficientemente, la calidad del proceso judicial subsiguiente será insatisfactoria. En nuestro país, la corrupción y el involucramiento en actividades del crimen organizado por parte de miembros de la fuerza pública y de los agentes de tránsito (OIAT, UIAT, SIAT) es cada vez más evidente y va en aumento. En la policía judicial existen malos elementos que se alejan de la moralidad y buenas costumbres policiales, de los códigos y reglamentos institucionales, lo que sin duda afecta la imagen de la institución ante la ciudadanía, en razón de que, se ven involucrados en el cometiendo delitos que atenta contra los derechos humanos, asesinatos, asaltos, falsedad en los informes policiales, en los informes periciales, etcétera, que, al ser denunciados, en la mayoría de los casos quedan en la impunidad, por cuanto las investigaciones son realizadas por los mismos miembros de la policía judicial. Así también, la falta de conocimientos especializados para la redacción de los informes periciales, partes policiales, en forma técnico- científico, vulneran los derechos individuales de los procesados, genera inseguridad jurídica y provoca responsabilidad estatal.