El exeso de control disciplinario a las y los servidores judiciales, la estabilidad laboral y su derecho al buen vivir - Velarde Vinueza, Luz Elizabeth (2015)
La disciplina es una exigencia para la armonía y el adecuado funcionamiento de cualquier grupo mínimamente organizado por ello, cuando aquella exigencia no es atendida espontáneamente por quienes resultan obligados, es sentida de forma natural la necesidad de un poder que garantice la observancia de las conductas establecidas en cualquier organización, pública o privada, el ordenamiento estatal o los ordenamientos particulares otorgan a todas ellas una potestad de disciplina, resultando la misma esencial para mantener el orden y garantizar en última instancia los fines propuestos. Cuestión que reviste una mayor importancia cuando nos referimos a la Administración del Estado como organización en la que se ejerce y desarrolla la función pública por parte de los medios personales encargados de ella, tomando en cuenta su naturaleza y funciones, revelando que el funcionamiento ordenado de la misma constituye el bien jurídico protegido por la disciplina. En este sentido, junto a la obligación de desempeñar de forma continua y diligente la función del trabajo asignado, la Potestad Disciplinaria garantiza la observancia de otras conductas que vienen exigidas por el hecho de desarrollarse aquella actividad principal en el seno de una organización. Se podría mencionar, además del elemental deber de obediencia a las órdenes legítimamente impartidas por quienes ostentan el poder de mando o dirección, el hecho de que esta no pueda prescindir del respeto y la colaboración entre sus miembros, valores estos que adquieren una relevancia superior en pos de la necesaria cohesión interna y para el buen funcionamiento de la organización. El Ecuador como estado se ha definido como un estado democrático desde sus inicios; consagrando tres funciones con atribuciones definidas. La constitución Gran Colombiana de 1830 en el capítulo de las disposiciones generales en el orden judicial habla de la responsabilidad de los magistrados de la Alta Corte por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, se exigía al senado para que realice una revisión en la conducta de los magistrados, analizado este presupuesto permite vislumbrar dos situaciones la primera que existía un régimen disciplinario básico y la segunda que este régimen estaba a cargo de otra Función del estado, sin existir por tanto una verdadera independencia y autonomía en la Función Judicial.