Propuesta de anteproyecto de ley interpretativa del artículo 556, del código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización para garantizar la seguridad jurídica y el principio de legalidad del ejercicio de la facultad normativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales

Revisando el contexto internacional, vemos que Ecuador al igual de otros países en Latinoamérica no cuenta con las condiciones jurídicas básicas, que un Estado debe generar para brindar paz social y estabilidad política; condiciones que, a su vez, favorecen su desarrollo. En tal sentido, existe una...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Salazar Arias, Hernán Marcelo (author)
Formato: masterThesis
Idioma:spa
Publicado em: 2017
Assuntos:
Acesso em linha:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/6781
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Descrição
Resumo:Revisando el contexto internacional, vemos que Ecuador al igual de otros países en Latinoamérica no cuenta con las condiciones jurídicas básicas, que un Estado debe generar para brindar paz social y estabilidad política; condiciones que, a su vez, favorecen su desarrollo. En tal sentido, existe una la legítima preocupación por el desempeño del sistema jurídico, por falta de Seguridad jurídica e inobservancia del principio de legalidad. Dentro de nuestro sistema jurídico, evidentemente existen imperfecciones, imprevisiones del legislador, creando normas ambiguas, provocando inadecuadas interpretaciones por aquellas instituciones que tienen la obligación de aplicar las normad jurídicas, dando lugar a que se vulnere el principio a la Seguridad Jurídica. El cambio que sufrió la constitución ecuatoriana a partir del 2008, nos convertirse en un estado constitucional de derechos y justicia, y como tal busca el bienestar de la ciudadanía, privilegiando sus derechos frente a la ley, es decir se priorizan los derechos de los ecuatorianos frente al principio de legalidad. Al ser un estado garantista de derechos, uno de ellos es garantizar la seguridad jurídica, conforme lo consagrado en la Constitución de la Republica en su artículo 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.