El procedimiento directo y la falta de imparcialidad del juez a sentenciar, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del procesado
De las consultas realizadas en obras sobre derecho procesal penal de autores argentinos, colombianos, españoles, en internet, no se ha encontrado información sobre este procedimiento especial en otras legislaciones latinoamericanas e hispanas, por lo que en tal sentido no descartando el error, nuest...
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2016
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| description | De las consultas realizadas en obras sobre derecho procesal penal de autores argentinos, colombianos, españoles, en internet, no se ha encontrado información sobre este procedimiento especial en otras legislaciones latinoamericanas e hispanas, por lo que en tal sentido no descartando el error, nuestro país sería el pionero en instaurar este procedimiento en el sistema procesal penal. Se puede mencionar como un antecedente referencial a este tipo de procedimiento, que en el anterior Código de Procedimiento Penal se hallaba normado el denominado PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO que contemplaba el artículo 370.1, mediante el cual se pretendía acortar los plazos del procedimiento ordinario, pasando por alto la etapa intermedia, llevar el caso directamente al Tribunal de Garantías Penales en delitos sancionados con pena máxima de cinco años y más infracciones contempladas en dicho artículo, procedimiento que no tuvo aplicabilidad puesto que casi ningún procesado consentía en someterse a este procedimiento alegando que aquello implicaría vulneración al derecho a la defensa. |
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| spelling | El procedimiento directo y la falta de imparcialidad del juez a sentenciar, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva del procesadoGalarza López, Carlos FernandoTutela JudicialDe las consultas realizadas en obras sobre derecho procesal penal de autores argentinos, colombianos, españoles, en internet, no se ha encontrado información sobre este procedimiento especial en otras legislaciones latinoamericanas e hispanas, por lo que en tal sentido no descartando el error, nuestro país sería el pionero en instaurar este procedimiento en el sistema procesal penal. Se puede mencionar como un antecedente referencial a este tipo de procedimiento, que en el anterior Código de Procedimiento Penal se hallaba normado el denominado PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO que contemplaba el artículo 370.1, mediante el cual se pretendía acortar los plazos del procedimiento ordinario, pasando por alto la etapa intermedia, llevar el caso directamente al Tribunal de Garantías Penales en delitos sancionados con pena máxima de cinco años y más infracciones contempladas en dicho artículo, procedimiento que no tuvo aplicabilidad puesto que casi ningún procesado consentía en someterse a este procedimiento alegando que aquello implicaría vulneración al derecho a la defensa.El actual procedimiento directo quien es el competente para sustanciar el juicio y dictar sentencia es un solo juez el que califica la flagrancia resuelve la causa, lo que pone en mayor riesgo la eficacia de la administración de justicia, al haber mayor posibilidades de incurrir en el error, situación que inclusive sucede muchas veces un tribunal colegiado más aún podría hacerlo un solo juez, otros sistemas procesales como el que se aplica en algunos Estados de Norteamérica, en que quien dicta sentencia es un jurado. Es menester señalar que este procedimiento al concentrar todas las etapas del proceso en una sola audiencia, vulnera el derecho a defensa del o los ciudadanos que están siendo procesados, porque no cuentan con el tiempo suficiente para preparar su defensa, pues, como es de nuestro conocimiento, el literal b) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución; así mismo se violenta lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 404, que dispone: Art. 404 del COIP, sobre las Reglas de la competencia, sea juzgado por el Juez donde se ha cometido la infracción y si hay varios juzgadores, será de conformidad con el procedimiento establecido por la ley…”, lo que no ocurre con este procedimiento quien conoce y califica el hecho delictivo como flagrante es quien conoce y sustancia el procedimiento directo, sin que exista un sorteo previo. A más de ello, y, con este procedimiento, se está vulnerando el derecho que tenemos todos los ciudadanos al debido proceso, especialmente el del literal k) del numeral 7 del Art. 76 de la CRE, que norma: “…ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto…” (lo resaltado en negrillas me pertenece), vulnera el principio de ser juzgado por un juez imparcial y competente, estamos frente a una violación flagrante de los principios del debido proceso y el derecho a defensa, todo lo cual nos conduce a que se genere inseguridad jurídica, derecho al cual tenemos todos los ciudadanos, por expreso mandato del Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, así como se violenta el derecho que tenemos las personas a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de nuestros derechos, como así lo determina el Art. 75 de nuestra Constitución.Granja Zurita, Diego Francisco2016-07-21T21:45:57Z2016-07-21T21:45:57Z2016-07info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfTUAEXCOMMDP010-2016http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4102spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2016-07-21T21:45:57Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/4102Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552016-07-21T21:45:57Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andesfalse |
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