El cumpliento del deber de subsanar los requisitos de una demanda de acción de protección y la afectación de la tutela judicial efectiva y el debido proceso
La Acción de Protección va encaminada a lograr la tutela general de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Tiene un carácter general y omnicomprensivo, pues permite garantizar todos los derechos, incluso aquellos que no cuentan con una...
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| Main Author: | |
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| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2022
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15232 |
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| Summary: | La Acción de Protección va encaminada a lograr la tutela general de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Tiene un carácter general y omnicomprensivo, pues permite garantizar todos los derechos, incluso aquellos que no cuentan con una vía procesal especial. Es importante señalar que la acción de protección tiene como finalidad la protección inmediata y eficaz de los derechos constitucionales que se presumen vulnerados; y qué, esta garantía se encuentra desarrollada bajo el régimen de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, además que, el artículo 10 de este cuerpo normativo, le da la disposición al juzgador de subsanar algún requisito establecido para la presentación de la demanda para seguir con el trámite, lo que no ocurre con el Código Orgánico General de Procesos, que tiene su propio ámbito de aplicación. Cuando existe una vulneración de derechos constitucionales se debe acudir al órgano jurisdiccional cuya competencia radica en los jueces de primera instancia como lo indica el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ante la acción u omisión el cuerpo normativo ya mencionado establece que cualquier persona comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que se encuentre amenazado por la vulneración de un derecho o violentado ya un derecho puede proceder como legitimado activo para presentar una demanda de garantías jurisdiccionales con la finalidad de la declaración de dicha vulneración, la reparación integral y el resarcimiento de los daños causados. El artículo 75 de la Carta Magna indica que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, esto indica que no existe excepción para recibir o ejercer el derecho a la tutela judicial a la que el Estado está obligado A garantizar por mandato constitucional . |
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