La falta de regulación de las acciones de proveedores de servicios de comunicación telemática y plataformas de internet sobre el tratamiento del contenido o información constitutivo de actos de discriminación o de odio y el derechos a los demás usuarios
En Latinoamérica, el estado ecuatoriano mediante el ex presidente Rafael Correa Delgado, antes de concluir su mandato envió a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, que tiene como finalidad incentivar a los intermediarios...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
2021
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13141 |
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Agregar Etiqueta | Sumario: | En Latinoamérica, el estado ecuatoriano mediante el ex presidente Rafael Correa Delgado, antes de concluir su mandato envió a la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet, que tiene como finalidad incentivar a los intermediarios a remover las publicaciones ilegales en máximo veinticuatro horas. Este proyecto genera un conflicto a las empresas de internet al facultarles una obligación de mediar, observar, evaluar y restringir el contenido publicado por terceros, teniendo que adecuar un mecanismo en su sistema para cumplir lo dispuesto por el estado y no enfrentar sanciones exorbitantes. Es importante señalar que posterior al proyecto de ley propuesto en el Ecuador, varios países americanos tomaron como referente y regularon en sus legislaciones a los proveedores de internet con el objeto de remover el contenido de los delitos de odio y discriminación que difundan sus usuarios. La metodología empleada es de tipo cualitativa y cuantitativa, a través de métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, histórico, lógico, cuya técnica fue la encuesta practicada a una muestra de abogados de la provincia de Tungurahua. La discusión permitió evidenciar que los dos proyectos de ley rechazados por el órgano legislativo buscan regular a las empresas proveedoras de internet, así como las sanciones en el Código Orgánico Integral Penal, para los infractores que cometan delitos en la web. Es necesario que se subsane este problema jurídico a fin de garantizar los derechos al honor, el buen nombre, intimidad y a la dignidad de las personas como de terceros. |
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