Proyecto de reforma a la ley orgánica de telecomunicaciones que regule y controle el ejercicio del servicio OTT y garantice el principio de igualdad ante la ley - Valle Bustamante, Carmiña Iveth (2018)
La regulación de las telecomunicaciones en el Ecuador empezó con la Ley Básica de Telecomunicaciones, en el gobierno del presidente Guillermo Rodríguez Lara, en el año de 1972, con esta ley se derogó a la Ley General de Telecomunicaciones del año 1971, la cual es conocida por ser el primer intento por tratar de controlar y regular el sector de las Telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en Ecuador desde sus inicios han sido consideras como un servicio público, servicio de necesidad, utilidad, seguridad pública siendo su responsable siempre el Estado. (Rojas Vintimilla, 2010) Con la creación de esta Ley se conformó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), como el organismo encargado de planificar, explotar, controlar, regular el servicio de telecomunicaciones en el Ecuador, con la mencionada Ley se garantizaba que todo aquel que solicitare explotar este sector sea persona natural o persona jurídica, previo el pago de tarifas, mismas que serían controladas y reguladas por la misma norma por ser consideradas como un servicio público. Sin embargo, con el pasar de los años y la impresionante aceleración del desarrollo tecnológico el sector de las telecomunicaciones ha tenido que acoplarse a nuevos retos a través de la implementación de políticas públicas que beneficien a los ciudadanos así como a motivar la participación de personas naturales y jurídicas en este sector; con la expedición de la Ley orgánica de Telecomunicaciones publicada con Registro Oficial Nro. 439 de 18 de febrero de 2015, estipula que el ámbito de aplicación de esta Ley será para todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios.