Examen multidimensional del tipo penal de sicariato: una perspectiva criminológica de la delincuencia organizada en la sociedad ecuatoriana - Vélez Ponce, César Augusto (2023)
El delito de sicariato implica el “asesinato de personas por encargo (Chacón, 2019, p. 89), lo que conduce a un aumento significativo de la violencia en la sociedad y resulta en la pérdida de vidas humanas. Estos actos de violencia generan miedo y desconfianza en la comunidad, alterando la paz y la seguridad. La teoría de la desorganización social es una perspectiva criminológica que se enfoca en la relación entre el entorno social y el delito, la que se originó en la Escuela de Chicago en la década de 1920 y 1930, los que “estudiaron las tasas de criminalidad y comportamiento delictivo en barrios urbanos y observaron que algunos vecindarios tenían niveles más altos de delincuencia en comparación con otros” (Pavia, 2021, p. 65). En esta teoría se sostiene que la “desorganización social, caracterizada por la falta de cohesión social, la debilidad de las instituciones comunitarias y la ausencia de control social efectivo, contribuye al aumento de la delincuencia y la violencia en una determinada área o comunidad (Escobar, 2012, p. 23). Esta falta de recursos tales como: la pobreza, la falta de oportunidades económicas, la violencia intrafamiliar, la exposición a modelos delictivos y la presencia de estructuras delictivas, es el camino al involucramiento en esta actividad criminal. La teoría ecológica criminal y que fue sostiene que existen varios niveles de interrelaciones sociales que se encuentra interconectados entre sí y que permiten un sistema de control del crimen, de esta manera el nivel primero de control más elemental se encuentra en las relaciones entre familiares, amigos y vecinos, donde se comunican las expectativas sobre comportamientos aceptables. Aquí, se ejerce autoridad sobre niños y adolescentes. El segundo nivel de control se ubica en la esfera comunitaria e involucra a las asociaciones de vecinos, iglesias y escuelas. Esto implica la supervisión de las acciones tanto de residentes como de visitantes. Por último, el tercer nivel de control corresponde al ámbito estatal, y su regulación se lleva a cabo a través de sus agencias externas (Bursik & Grasmick, 1993, p. 226).