A protección del derecho de los adultos mayores dentro del servicio notarial
Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que el 7,48% de la población ecuatoriana en el 2020, estaba compuesta por adultos mayores y que de seguir las tasas de natalidad y mortalidad actuales, para el 2050, la población en este grupo etario ascendería al 21,8% l...
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2024
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| description | Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos indican que el 7,48% de la población ecuatoriana en el 2020, estaba compuesta por adultos mayores y que de seguir las tasas de natalidad y mortalidad actuales, para el 2050, la población en este grupo etario ascendería al 21,8% lo que indicaría que un alto porcentaje de ecuatorianos requerirán que el Estado cuente con los recursos necesarios para garantizar los derechos que dentro de la Constitución y las leyes se les debe de proporcionar (INEC, 2023. En el ámbito económico, hay una problemática global en la distribución de la población mundial, la ampliación del rango de personas mayores a los 65 años se contrasta, con las tasas de natalidad bajas y la supervivencia de las personas que se ha incrementado en las últimas décadas, lo que ha generado una brecha sustancial entre la población económicamente activa que, debe de generar los recursos necesarios para poder sostener las pensiones de los jubilados y los servicios que requiere este grupo humano (Díaz, 2019). Por tanto, es necesario analizar cómo se están desarrollando mecanismos para la protección de los derechos de los adultos mayores, plenamente reconocidos; (Bósquez, 2022) indica en el estudio realizado al Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional sobre la protección de los derechos a los adultos mayores, concluye que las acciones no han sido suficientes para lograr garantizar políticas públicas eficientes para proteger los derechos de las personas mayores. A nivel latinoamericano, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos considerando que en la región existían para 2015 aproximadamente 1.1 millones de personas mayores en el Caribe, redactó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sin embargo hasta el 2020 ninguno de los países de esta región se habían adherido a este acuerdo por lo que los derechos que esta declaración contiene, no pueden ser exigidos a esos países (Jessurun, 2020). Vale recalcar los principales derechos que tienen los adultos mayores, los cuales se respaldan en tratados internacionales como “Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad”, el cual reconoce el derecho a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad; la “Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para personas mayores en el Área Iberoamericana” (Organización de las Naciones Unidas, 1992) entre otros tratados. |
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En el ámbito económico, hay una problemática global en la distribución de la población mundial, la ampliación del rango de personas mayores a los 65 años se contrasta, con las tasas de natalidad bajas y la supervivencia de las personas que se ha incrementado en las últimas décadas, lo que ha generado una brecha sustancial entre la población económicamente activa que, debe de generar los recursos necesarios para poder sostener las pensiones de los jubilados y los servicios que requiere este grupo humano (Díaz, 2019). Por tanto, es necesario analizar cómo se están desarrollando mecanismos para la protección de los derechos de los adultos mayores, plenamente reconocidos; (Bósquez, 2022) indica en el estudio realizado al Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional sobre la protección de los derechos a los adultos mayores, concluye que las acciones no han sido suficientes para lograr garantizar políticas públicas eficientes para proteger los derechos de las personas mayores. A nivel latinoamericano, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos considerando que en la región existían para 2015 aproximadamente 1.1 millones de personas mayores en el Caribe, redactó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, sin embargo hasta el 2020 ninguno de los países de esta región se habían adherido a este acuerdo por lo que los derechos que esta declaración contiene, no pueden ser exigidos a esos países (Jessurun, 2020). Vale recalcar los principales derechos que tienen los adultos mayores, los cuales se respaldan en tratados internacionales como “Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad”, el cual reconoce el derecho a la independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad; la “Declaración de Cartagena de Indias sobre Políticas Integrales para personas mayores en el Área Iberoamericana” (Organización de las Naciones Unidas, 1992) entre otros tratados.entro de las responsabilidades que tienen los notarios la más relevante es la de garantizar un servicio de calidad y optimo conforme lo dispone la Constitución, puntualmente los adultos mayores, requieren una atención especializada, en los casos de compraventa, existen una serie de formalidades que permiten medir la capacidad de las partes para cumplir las obligaciones que tiene este acto notarial, sin embargo, la Ley Notarial no especifica las cualidades de esa atención especial lo que podría generar un riesgo a la seguridad del adulto mayor, es así el tema de esta investigación la protección del derecho de los adultos mayores dentro del servicio notarial, siendo el principal objetivo evaluar las formas de protección del derecho de adultos mayores en el servicio notarial del Ecuador, para lo cual se aplicó la línea de investigación del Derecho Notarial y Registral y su relevancia como garantía de veracidad en los actos jurídicos, la metodología cualitativa aplicando el análisis de documentos y encuestas siendo los principales resultados en el ámbito jurídico la sentencia 832-20-JP/21 de la Corte Constitucional la cual da indicaciones de como los notarios deben de cumplir con la obligación reforzada en este tipo de transacciones, y en el ámbito empírico se evidenció que dichas obligaciones no han sido debidamente aplicadas por los notarios del cantón Babahoyo que las consideran insuficientes y difusas para lograr una verdadera protección por falta de un reglamento más específico y capacitaciones por parte del Consejo de la Judicatura.Alfonso González, IrumaCastro Sánchez, Fernando De Jesús2024-09-18T15:21:10Z2024-09-18T15:21:10Z2024-09info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfUA-MDN-EAC-053-2024https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18524spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2024-09-18T15:22:16Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/18524Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552026-01-24T12:31:43.012318Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue |
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