Aplicación de la suspensión condicional de la pena en el procedimiento abreviado y los principios de simplificación, celeridad, eficacia y tutela judicial efectiva - Salazar Bentancourt, Vladimir Alexander (2019)
A través de la evolución del Derecho Penal, su objetivo ha venido variando de acuerdo a los momentos históricos en la humanidad, siendo indiscutible y permanente el hecho de que uno de los principales objetivos de esta rama del Derecho Público, es la protección de los derechos de las personas, a través de la intervención punitiva del Estado, con el objeto de evitar la lesión de los bienes jurídicos tutelados, los que en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como el nuestro, son bienes constitucionalmente protegidos, sin embargo como se analizará el Derecho Penal moderno, no tiene como fin último la imposición de una pena privativa de la libertad necesariamente, existiendo corrientes incluso abolicionistas que propenden a la eliminación de las penas aflictivas. Nuestra legislación actual, tiende a abordar la situación de las víctimas de una manera completa, propendiéndose a la concreción de su reparación integral, guardando concordancia con el principio de proporcionalidad de las penas, para lo que se debe tener en cuenta el grado de lesión de los bienes jurídicos constitucionalmente protegidos con la sanción penal. Así al hablar de reparación integral, la víctima no siempre se dará por satisfecha a través del hecho de que su agresor cumpla una pena privativa de la libertad, pues dependiendo del bien constitucional y penalmente protegido, será más prudente abordar otros aspectos de la reparación que la restricción de la libertad personal del sujeto activo de la infracción. Entendiéndose esto es que el Código Orgánico Integral Penal ha previsto penas alternativas a las privativas de la libertad, modos de reparación integral y la posibilidad de suspensión de la pena privativa de la libertad, la que será materia de tratamiento durante el desarrollo de este trabajo, posibilidad prevista constitucionalmente en el Art.77, literal 11 de nuestra Carta Magna, que tiene relación con el Art. 78 de la propia Constitución, que aborda el asunto de la protección integral de las víctimas.