Prescripción de la pena resctrictiva de libertad y los principios de igualdad y proporcionalidad - Anrango Guanoluisa, Marco Vinicio (2024)
El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador determina que vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, en referencia a ello, se ha reconocido el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción; y, en este sentido no se puede agotar en la determinación de la pena en abstracto por la Función Legislativa. A partir de la doctrina se toma como referente la definición propuesta por Daniel Arias quien define a la pena como: La pena se encuentra contemplada en la ley y esta se interpone a través de un proceso por el órgano jurisdiccional. El Derecho Penal actual aboga por la proporcionalidad entre la pena y el delito. Muchos Estados buscan de igual manera que la pena sirva como rehabilitación de la persona. De igual manera se entiende que el Estado es un ente normativo y de carácter institucional, que permite regir de forma coaccionada y con límites, por lo que es el único ente encargado de ejecutar una pena de cualquier tipo (Arias, 2017, pág. 148). Se ha determinado en el artículo 51 del Código Orgánico Integral Penal la definición de la pena como: “Una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada” (Código Orgánico Integral Penal , 2019, pág. 14). En concreto, la pena es una sanción que establece la norma para aquellos que infrinjan la ley, al cometer una conducta penalmente relevante por ese motivo en el ordenamiento jurídico se ha determinado una extensa gama de delitos que pueden ser sancionados por acción u omisión.