La criminalización del cannabis en el cantón Pujilí

No cabe duda que las drogas son un tema de polémica latente desde el siglo XIX hasta la actualidad; siendo en 1934 el inicio de la prohibición de las drogas en el Ecuador impuesto por la Convención de las Naciones Unidas, medida adoptada de forma internacional como solución a la problemática social de aquel tiempo (Bonilla, 1991). Sin embargo, desafortunadamente hoy en día continúan siendo una problemática social que se ve afectada a nivel mundial y que gobiernos de Latinoamérica entre estos el de Ecuador han tomado medidas de control con el fin de reducir el tráfico y consumo, pero desatinadamente han sido infructuosos ya que en los últimos tiempos el tabú acerca del consumo de drogas ha dado lugar a abusos, discriminaciones, represiones y sanciones extremas Artiles (2021). A propósito del párrafo anterior, García (2018) asegura que la necesidad de control al narcotráfico representa una mirada integral que las políticas no representan ni evidencian la rehabilitación de personas que cometen el “delito” de microtráfico. En este contexto, el delito de tráfico de sustancias tipificado en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) menciona que verbos rectores como almacenar, importar, comprar, exportar, distribuir y ofertar sustancias sujetas a fiscalización con el propósito de “comercializar” serán sancionados con una pena privativa de libertad de uno a trece años de acuerdo a las tablas de tenencia máxima para consumo y de escala de consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que no han sido actualizadas desde el año 2013 y 2018 respectivamente y además carecen de fundamento científico (Moreira, 2022). El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos menciona en el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (2010) las personas consumidoras entre sus casusas principales padecen necesidades insatisfechas, siendo un grupo vulnerable y como bien afirma Pyszczek (2021) la falta de oportunidades laborales catapulta el negocio de sustancias estupefacientes y por ende el consumo de sustancias ilícitas. Antecedentes, fundamentados también por estudios como el de Rafecas (2021) quién concluye que generalmente las personas privadas de libertad juzgadas por el 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son ciudadanos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad social o provenientes de patologías como el alcoholismo o drogadicción, razones por las cuáles no pueden costear una defensa digna lo que sugiere una evidente selectividad al ser captados por el sistema penal.

• Autore principale: Viñachi Zambrano, Daniel Alberto (author)
• Natura: masterThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2023
• Soggetti: CANNABIS; CRIMINALIZACIÓN; CONSUMIDOR; CAUSAS; TRAFICANTE
• Accesso online: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17007