Porte y tenencia de armas por parte de personas particulares y su incidencia en los índices de violencia - Calero Lucero, Jéssica Paola (2023)
En el contexto de las estructuras sociales y políticas de las naciones, la seguridad de la población se presenta como un elemento esencial para asegurar la estabilidad y el bienestar de sus residentes. Ecuador, ubicado en el centro de América Latina, comparte esta inquietud y, en este amplio tema, el asunto relacionado con la posesión y el uso de armas se destaca como uno de los temas más polémicos y discutidos en la actualidad. El Código Orgánico Integral Penal (2014), sienta las bases legales en torno a la tenencia y porte de armas. Si bien este código brinda una estructura normativa, ha generado discusiones sobre si su enfoque es adecuado y si logra un equilibrio entre la protección de derechos individuales y el bienestar colectivo. Estas discusiones, en muchas ocasiones, trascienden lo meramente jurídico y penetran en debates sociales, culturales y filosóficos sobre el papel de las armas en la sociedad y sobre cómo las normativas deben adaptarse a los cambiantes contextos de violencia e inseguridad. (Álvarez, 2019) La noción del bien jurídico protegido, que se centra en la preservación de la paz y la seguridad, cobra especial relevancia. Este ideal se ve amenazado no solo por actos individuales de violencia, sino también por estructuras y redes de crimen organizado que alimentan el tráfico ilegal de armas. Este último, en particular, ha mostrado tener un impacto desproporcionado en la intensificación de conflictos y actos violentos, complicando aún más el panorama de seguridad en el país. (Ávila & Gómez, 2021) La visión internacional puede aportar entendimientos significativos, tomando el caso de Chile como referencia, donde la normativa sobre armas permite ciertas libertades bajo estrictas regulaciones, emerge un cuestionamiento: ¿Es posible adoptar un enfoque similar en Ecuador, dadas las diferencias contextuales, o las especificidades del país requieren una solución única? El decreto 707 (2023) del presidente Lasso, que autoriza el porte de armas de uso civil, ha avivado aún más el debate. Por un lado, algunos sectores de la población ven esto como un paso necesario para empoderar a la ciudadanía ante una amenaza percibida. Sin embargo, otros argumentan que esta medida podría generar un ambiente más volátil y conducir a una escalada en confrontaciones armadas entre civiles. En este contexto, la percepción pública de inseguridad, influenciada por eventos como sicariatos, extorsiones y otros crímenes violentos, juega un papel crucial en la configuración de opiniones y actitudes hacia la tenencia de armas.