La prisión preventiva y el principio de inocencia

La prisión preventiva ha sido un tema de gran trascendencia, estudio y debate dentro del marco legal y justicia criminal; la discusión de este tema radica en cuestiones como ¿Esta medida cautelar vulnera o no los derechos humanos?, ¿Se constituye como un juicio prematuro la aplicación de la prisión preventiva?, ¿La prisión preventiva es una clara muestra de vulneración al principio de inocencia? Es así que; el estudio de la prisión preventiva se enfoca desde el análisis de esta como una medida cautelar de carácter personal y excepcional que restringe el derecho a la libertad del procesado por un determinado periodo de tiempo. En América Latina se estima que “Algunos Estados modernos se han guardado para sí algunos preceptos legales que les otorgan un aumento en su poder punitivo, siendo algunos de ellos netas violaciones a los derechos humanos. Uno de esos preceptos es la prisión procesal o preventiva, instituto por el cual un ciudadano que no ha sido juzgado ni condenado se hace merecedor de una restricción a su libertad ambulatoria como anticipo de su pena (…) Hasta el hartazgo se ha manifestado que el Estado ejerce la administración de justicia penal monopólicamente; es hora de plantearse si en este aspecto es un buen administrador, y si ese rótulo se le adjudica por imponer mayor cantidad de castigo anticipado” (Nardiello, 2007, pág. 23). Un claro ejemplo de lo manifestado es el caso de Argentina, en donde la prisión preventiva es pena anticipada, tiene una duración grosera. Es una pena anticipada. Se la usa para castigar, para anticipar los fines del proceso penal, los fines del sistema penal y es así como se la utiliza. A pesar de que ha habido grandes esfuerzos por moderarla, algunos de ellos exitosos, como ha sido el tema de la flagrancia, que permitió acortar los tiempos del proceso penal para que no excedan los 90 días por lo que la prisión preventiva carece de cualquier problema de duración constitucional. Una de esta medida cautelar es que parte de la idea de que el acusado debe estar preso desde el mismo momento de la imputación y después se pone en marcha el mecanismo para liberarlo, cuando debería ser al revés. El imputado, por definición debería estar libre, y en casos absolutamente excepcionales y muy graves, se lo puede privar preventivamente de la libertad por un muy corto tiempo (Harfuch, Zacchino, & Palacios, 2018, pág. 96). Por otro lado para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), es fundamental conocer el real funcionamiento de la prisión preventiva, detectar sus núcleos problemáticos y enriquecer el debate en torno a estrategias para hacerles frente por ende la evolución de la prisión preventiva en América Latina deberá generar derechos muy diferenciados entre personas que se encuentran en prisión preventiva frente al resto de la población penal, el de permanecer separados de los procesados condenados y de recibir un tratamiento acorde con el derecho a la presunción de inocencia. En Ecuador a partir de la creación e implementación de la Constitución de la República se establece en su Art. 1 que es un Estado constitucional de derechos y justicia, democrático, social, independiente, soberano, intercultural, unitario, plurinacional y laico (…) (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Este primer artículo de nuestra constitución demuestra que el Ecuador es un Estado que garantiza la operatividad del respeto a los derechos fundamentales y el reconocimiento a la dignidad humana. Consecuentemente con esta expresión constitucional, las y los ecuatorianos residen en un país donde su accionar radica en hacer efectivos los mecanismos necesarios para desenvolverse en una sociedad que no presente arbitrariedades.

• প্রধান লেখক: Vásconez Puyol, María José (author)
• বিন্যাস: bachelorThesis
• প্রকাশিত: 2022
• বিষয়গুলি: PRISIÓN PREVENTIVA, PRINCIPIO DE INOCENCIA, DERECHOS, VULNERACIÓN
• অনলাইন ব্যবহার করুন: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/15479