El pasado judicial de las personas sentenciadas y el derecho al trabajo - Astudillo Urquizo, Juan Carlos (2021)
Conforme a la legislación española, la información relativa a los antecedentes penales es confidencial y su divulgación pública está prohibida. Adicionalmente, existe una prohibición general de discriminar a cualquier trabajador, por cualquier motivo, tanto en el empleo como en el acceso al mismo. Así se prevé específicamente en el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 73.2 de la Ley General de Penitenciaria. Del mismo modo, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la posibilidad de acceder a los antecedentes penales y, en especial, a su publicidad. En este sentido, el mencionado Tribunal ha declarado que, en general, debe prevalecer el derecho a la intimidad frente a la publicidad indefinida e indiscriminada que se pueda dar a los antecedentes. De todo lo anterior, podemos concluir que, en España, a día de hoy, solicitar la aportación de los antecedentes penales y hacer un uso de ellos a la hora de decidir si contratar o no a un posible trabajador, no es ajustado a Derecho dado que, conforme a nuestra legislación, debe primar el derecho a la intimidad y a la reinserción laboral (Aymara, 2017). En varios países de América Latina se advierte que es una práctica común, tanto en el ámbito público como privado, la exigencia del certificado de AP1 para la obtención de un puesto laboral. En consecuencia, la posibilidad de resocialización de las personas que cometieron delitos postulado que se encuentra en vigor en virtud de los convenios internacionales de derechos humanos, es solo una utopía si no se remueven ciertos obstáculos, uno de los cuales lo constituye la realidad que predomina sobre quienes deben cargar con el estigma del AP. En el ámbito privado muchas veces el estigma y el prejuicio resultan determinantes. Ello genera no sólo una discriminación permitida por el propio Estado, sino que en contrapartida obliga a las personas con AP a acceder sólo a aquellos puestos de 1 En adelante se hará referencia con esta denominación a antecedentes penales. trabajo más precarios y temporales, que atentan visiblemente contra el ideal resocializador que se proponen los Estados mediante la ejecución de la pena. (Carnevale, 2016)