Las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar y la violación a la garantía de reparación integral y el derecho a la tutela efectiva y seguridad jurídica

El Ecuador ansioso de introducir cambios en el ordenamiento jurídico, acepto convocar a una Asamblea Constituyente, la cual luego de ser sometida a un referéndum el 28 de septiembre del 2008, entro en vigencia el 20 de octubre del 2008, obteniendo como resultado un texto constitucional de cuatrocien...

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: García Liger, Blanca del Pilar (author)
Formato: masterThesis
Idioma:spa
Publicado em: 2016
Assuntos:
Acesso em linha:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/4093
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Descrição
Resumo:El Ecuador ansioso de introducir cambios en el ordenamiento jurídico, acepto convocar a una Asamblea Constituyente, la cual luego de ser sometida a un referéndum el 28 de septiembre del 2008, entro en vigencia el 20 de octubre del 2008, obteniendo como resultado un texto constitucional de cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos el más extenso de la historia constitucional ecuatoriana y de Latinoamérica El Art 1 de la Constitución ecuatoriana define la forma de estado y de gobierno: El Ecuador es un “Estado constitucional de derechos y justicia” y su forma de gobierno es republicana y descentralizada, al señalar que el Ecuador es un estado constitucional quiere decir que el país tiene una constitución escrita, que es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, con la única salvedad de los tratados internacionales de los derechos humanos, ratificados por el país que reconozca derechos más favorables que los contenidos en la constitución. La actual constitución se funda en nuevos valores y derechos, pero sobre todo en la consagración de un catálogo de principios y de derechos constitucionales que inspiran el funcionamiento de nuestro país, entre estos derechos se encuentra el de reparación integral como forma de protección para las víctimas de infracciones penales, la cual deber ser garantizada por los operadores de justicia en todo procedimiento en el que se aplique el Código Orgánico Integral Penal, ya que tiene en sus manos la administración de justicia y el de garantizar los derechos de la víctima. A nivel mundial todos los Estados tienen la obligación general de respetar y hacer respetar los derechos humanos cuando éstos han sido vulnerados; compete más aún a cada país garantizar los derechos humanos o constitucionales cuando las violaciones provengan de particulares que afectan la vida y la dignidad humana de las personas.