La reserva de documentación en la superintendencia de economía popular y solidaria y el derecho a la defensa

Al debido proceso, lo podemos encontrar en el Capítulo Octavo, Título II, de la Constitución de la República, en lo que corresponde a los Derechos de Protección, que garantiza entre otros derechos, la tutela efectiva, una justicia sin retrasos y dilaciones, lo que es básico para que las personas pue...

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Autor principal: Tello Morales, Verónica Nataly (author)
Formato: masterThesis
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Publicado: 2018
Materias:
Acceso en línea:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7611
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description Al debido proceso, lo podemos encontrar en el Capítulo Octavo, Título II, de la Constitución de la República, en lo que corresponde a los Derechos de Protección, que garantiza entre otros derechos, la tutela efectiva, una justicia sin retrasos y dilaciones, lo que es básico para que las personas puedan desenvolverse en un ambiente jurídico seguro y sentirse bajo la protección del Estado. Es imprescindible que para la emisión de una sentencia, de una resolución sancionatoria o un veredicto en general, la causa o proceso se haya desarrollado con respeto a este principio constitucional. Según Luis Cueva Carrión el debido proceso es: (…) un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país: nadie puede ignorarlo. Todos los actos y procedimientos de los funcionarios y de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra el estado de Derecho y carecerían de validez jurídica. (Carrión, 2014, p. 79) En especial si el estado es el protector de los derechos, no se puede concebir que los actos emanados de la administración pública contengan violaciones a derechos de cualquier índole, más si se trata del debido proceso.
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spelling La reserva de documentación en la superintendencia de economía popular y solidaria y el derecho a la defensaTello Morales, Verónica NatalyRESERVA DE DOCUMENTOSDERECHO A LA DEFENSAAl debido proceso, lo podemos encontrar en el Capítulo Octavo, Título II, de la Constitución de la República, en lo que corresponde a los Derechos de Protección, que garantiza entre otros derechos, la tutela efectiva, una justicia sin retrasos y dilaciones, lo que es básico para que las personas puedan desenvolverse en un ambiente jurídico seguro y sentirse bajo la protección del Estado. Es imprescindible que para la emisión de una sentencia, de una resolución sancionatoria o un veredicto en general, la causa o proceso se haya desarrollado con respeto a este principio constitucional. Según Luis Cueva Carrión el debido proceso es: (…) un derecho constitucional, por lo tanto, es de rango superior e impregna a todo el sistema jurídico de un país: nadie puede ignorarlo. Todos los actos y procedimientos de los funcionarios y de los órganos de poder público deben ceñirse a él, de lo contrario, atentarían contra el estado de Derecho y carecerían de validez jurídica. (Carrión, 2014, p. 79) En especial si el estado es el protector de los derechos, no se puede concebir que los actos emanados de la administración pública contengan violaciones a derechos de cualquier índole, más si se trata del debido proceso.En la Constitución de la República, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, en su Artículo 76, podemos verificar una serie de normas que tienen el fin de garantizar un proceso justo para las partes; y podemos encontrar que el debido proceso de manera general, y el derecho a la defensa de manera específica, debe incluir garantías básicas como: nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento; como contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su efectiva defensa. Sin embargo mediante la resolución No. SEPS-IEN-IGPJ-IFPS-INEPS-IR-2015-008 de 2 de marzo de 2015, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria emite un índice temático de documentos clasificados como reservados, entre los que se incluye los informes de auditoría tanto del sector financiero popular y solidario y de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Estos informes de auditoría pueden ser el fundamento para el Inicio de procedimiento administrativo sancionador, en el cual el accionado deberá acceder a dicho informe con el fin de ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa, como medio necesario para ello, sin embargo como se ha dicho es reservado y por ende se niega el derecho a la defensa al accionado del proceso. Por lo que se plantea una modificación a la resolución administrativa con el fin de garantizar el derecho a la defensa y la estabilidad de las organizaciones controladas.Ramos Serpa, GerardoSaquicela Rodas, Iván Patricio2018-02-06T14:06:21Z2018-02-06T14:06:21Z2018-01info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfPIUAMCO001-2018http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7611spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andesinstname:Universidad Regional Autónoma de los Andesinstacron:UNIANDES2018-02-06T14:06:21Zoai:dspace.uniandes.edu.ec:123456789/7611Institucionalhttps://dspace.uniandes.edu.ec/Institución privadahttps://www.uniandes.edu.ec/https://dspace.uniandes.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:4552026-01-24T12:28:49.456442Repositorio Universidad Regional Autónoma de los Andes - Universidad Regional Autónoma de los Andestrue
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