El delito de violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar en relación al principio de mínima intervención penal - López Mayorga, Erick Israel (2018)
En la década de 1970 las feministas analizaron el alcance de la violencia intrafamiliar, considerada como un fenómeno exclusivamente masculino y se crearon centros de acogida y de ayuda para las mujeres maltratadas y para sus hijos. La violencia psicológica son actitudes que tiene como objeto causar el temor, intimidación y controlar la conducta sentimientos y pensamientos de la persona a quien está agrediendo con insultos, chantajes, descalificaciones entre otras. Este tipo de violencia se hace presente sin ningún maltrato de tipo físico, pero que tiene las mínimas o peores repercusiones en el individuo maltratado, puesto que crea seres inseguros e incapaces de resolver sus problemas, gente aislada que se niega a recibir ayuda profesional, gente que cambia sus actitudes y en el peor de los casos se vuelven agresivos. La violencia psicológica contra la mujer y miembros del núcleo familiar entro en vigencia en la legislación ecuatoriana el 10 de agosto del año 2014, fecha que entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal, en la que en el artículo 157 nos expresaba lo siguiente: ´´la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones será sancionada de la siguiente manera: 1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que cause impedimento en el desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionado con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días. 2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar, o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será sancionado con pena de seis meses a un año.