Derecho a la defensa en la detención con fines investigativos - Aguilar Morejon, Hennry Joselito (2024)
Conforme la Constitución de la República de Ecuador (CRE) la privación de libertad de una persona debe encontrarse ampliamente justificada, por lo que la detención de una persona con fines de investigativos se deberá fundamentar adecuadamente valorando la necesidad de detener a un individuo so pena de producirse la pérdida de elementos probatorios, o de que esa persona pueda llegar a ser señada como el autor del delito investigado y se haya fugado. Se debe tener presente que la detención vulnera derechos constitucionalmente reconocidos como la presunción de inocencia, por lo cual la defensa para este tipo de detención deberá procurar el mayor de los éxitos posibles, debiéndose emplear estrategias que involucren la persuasión por parte del defensor litigante. Verdugo (2023) informa que dentro de las obligaciones del Estado respecto a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, incluidas aquí las detenidas con fines investigativos, se basan en quien posee poder para imponer sus decisiones a todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, una afirmación de hecho que apenas necesita ser fundamentada, dejando claro que el legislador no puede recurrir al mecanismo de la criminalización, como la detención arbitraria con el pretexto de la investigación, salvo que no existan otros medios idóneos (razonables) para la protección de los bienes jurídicos; y que, por tanto, el Derecho penal debe concebirse como la única opción restante disponible, lo cual se ajusta el principio de mínima intervención penal. Vásquez y Trelles (2020) identifican a la detención con fines investigativos como el acto que comprende la medida cautelar de carácter personal dentro del sistema procesal penal, que tiene por finalidad la de receptar la versión de la persona detenida para completar la información de fiscalía con respecto a la infracción cometida. Esta detención se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano (COIP) el cual contempla que la misma procede en los casos de investigaciones previas y a petición del fiscal, quien debe motivar la necesidad, teniendo en cuenta que esta medida es excepcional, requiriendo la verificación de la necesidad real con base al fundamento de la solicitud.