Los presupuestos procesales para la configuración del delito de femicidio y la seguridad jurídica - Llerena Morales, Alejandro Wilmer (2018)
La discriminación de género, el sexismo y la misoginia son problemas arraigados en el Ecuador, lo cual se evidencia en los altos índices de violencia contra las mujeres existentes en el país, aun cuando esta situación no siempre se denuncia. Es lógico que si existe este tipo de violencia, muchos de los crímenes que se cometen contra las mujeres se deban a la exacerbación de esa violencia que culmina con el femicidio. (Pontón, 2009) Nuestra Constitución de la República establece en su preámbulo decidimos construir una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, y al referirse a los derechos de libertad señala que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado; así mismo que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual; así mismo se hace referencia a la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación; el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener; además se establece en su texto como derecho y garantía de las personas el derecho a la integridad física, psíquica, moral, sexual y reproductiva, derecho a la igualdad formal, material y no discriminación en una amplia concepción de la libertad humana, lo que implica para la mujer y todos los individuos de nuestra nación, tener una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, reconociendo y garantizando desde el estado como su obligación, la adopción de medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, de capacidades especiales y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad.