Eficacia, efectividad y eficiencia de la acción de protección en beneficio de personas adultas mayores

La necesidad de garantizar adecuadamente la existencia y plena vigencia del Estado Constitucional, una de las innovaciones de la Constitución de 2008 es la denominada “acción de protección”, entendida como garantía judicial-constitucional dirigida a preservar la vigencia, aplicación e integridad de los derechos de las personas afectadas por sentencias de última instancia o resoluciones firmes. Es, si se quiere, una expresión procesal del garantismo. Las normas constitucionales son bastante claras (arts. 88), pero el tema se modificó con las normas de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con esta categorización se pretende anunciar la superación de la tradicional alusión al Estado de derecho, anclada en la tradición liberal de sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico. Esta sujeción se asume pero completándola con una especial mención de la vinculación no al Derecho sin más, sino a los derechos. Con ello se sitúa a sus titulares, a los sujetos, ya sean individuales o colectivos, como auténtica razón de ser del Estado y del ordenamiento jurídico, como pieza básica, activa, y no como mero objeto de regulación. En definitiva, la organización política y de los mecanismos jurídicos para la protección de las necesidades o intereses de las personas, de los grupos y de la naturaleza; se trata de las condiciones para la realización del «buen vivir» o sumak kawsay que inunda el texto constitucional.

• Autor principal: Toapanta Oña, Nancy Eulalia (author)
• Format: bachelorThesis
• Idioma: spa
• Publicat: 2018
• Matèries: PROTECCIÓN DE BENEFICIO; ADULTO MAYOR
• Accés en línia: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7506