El informe de archivo de la comisión de fiscalización y el control político de la asamblea nacional

Según la Constitución Colombiana nos dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la cámara de representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucion...

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Автор: Murillo Carrasco, David Eduardo (author)
Формат: bachelorThesis
Опубліковано: 2020
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Онлайн доступ:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13074
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Резюме:Según la Constitución Colombiana nos dice que corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la cámara de representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura o el Fiscal general de la Nación, aunque hubiere cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso conocerá por hechos y omisiones ocurridos en el desempeño de estos.1; al hablar del vecino país Colombia conocemos muy bien que en cuanto al empleo o diseño de las normativas legales es muy parecido al ecuatoriano. Como otro ejemplo para este trabajo investigativo también podemos considerarlo a Bolivia ya que los procesos o juicios políticos así llamados se han llevado de la misma manera realizada en Ecuador, y ya que muchos tratadistas dicen que Ecuador y Bolivia son muy similares, países plurinacionales por ello llegando a ser constituciones extensas, garantistas y contemporáneas, Bolivia desde 1994 acato un control constitucional concentrado conocido también como Kelseniano, siendo su principal característica es el uso de la jurisdicción constitucional a través de la creación de un tribunal independiente a todos los poderes del estado. Continuando, con los países vecinos Perú es aquel que su Constitución no pertenece al mismo diseño, época y fuentes ideológicas e historia que la de Ecuador; pero a pesar de eso Perú dentro de su Constitución y sus principios, normas y derechos quiere reservar el control político de los miembros de su Tribunal Constitucional; así como en su artículo 99 constitucional dice los miembros del Tribunal Constitucional peruano pueden ser acusados ante el Congreso de la República, por infracciones a la Constitución y por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones hasta cinco años de concluido su mandato.