Los procesos de explotación de recursos renovables frente a los derechos de participación ciudadana
El actual marco constitucional del Ecuador tiene una vigencia de más de 8 años, Constitución que fue elaborada en Montecristi a través de una Asamblea Constituyente y aprobada vía Referéndum el 28 de septiembre de 2008, la misma que por sus fundamentos ideológicos marcó en nuestro país un cambio rad...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
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| Μορφή: | bachelorThesis |
| Γλώσσα: | spa |
| Έκδοση: |
2018
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7914 |
| Ετικέτες: |
Προσθήκη ετικέτας
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Προσθήκη ετικέτας | Περίληψη: | El actual marco constitucional del Ecuador tiene una vigencia de más de 8 años, Constitución que fue elaborada en Montecristi a través de una Asamblea Constituyente y aprobada vía Referéndum el 28 de septiembre de 2008, la misma que por sus fundamentos ideológicos marcó en nuestro país un cambio radical, tanto en lo conceptual como en lo ideológico; así como en la estructura institucional y jurídica del Estado. La mayor transformación fue la de pasar de ser un “Estado de Derecho” a convertirnos en un “Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, lo cual implica que el Estado aparece como el responsable de la realización, cumplimiento y máximo defensor de dichos derechos, convirtiéndose la Carta Magna en un instrumento del poder político para la realización de los derechos en los que la relación de la colectividad y el sumak kawsay se basan en la concepción del buen vivir. Sabemos que la acepción sobre el desarrollo económico ha venido cambiando en el transcurso de las últimas cinco décadas, contabilizadas a partir de la segunda guerra mundial, cuando la subdisciplina llamada Economía del Desarrollo inició su andadura para abordar los temas relacionados fundamentalmente con los problemas del subdesarrollo entendido como crecimiento económico. Desde entonces, los enfoques han variado desde visiones muy restringidas relacionadas con el crecimiento económico o versiones más amplias relacionadas con capital humano, desarrollo sostenible, capital social, entre otros, convirtiendo a la palabra desarrollo en un verdadero fetiche (Viola: 2000). La actual normativa vigente en el Ecuador permite que los actores sociales tengan más posibilidades de reclamar sus derechos y exigir el cumplimiento de los mismos, pero quien los otorga y los ejecuta es en lo fundamental el Estado. Uno de esos derechos reconocidos se los otorga a las comunidades, pueblos y nacionalidades respecto de determinadas decisiones correspondientes a sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente es decir el Estado deberá hacer una consulta previa en caso de querer hacer una actividad extractiva o cualquier otro proyecto. |
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