La responsabilidad del notario en el ecuador y la celebración de actos escriturales en los que intervienen adultos mayores en condición vulnerable - Cueva Rodríguez, Juan Javier (2024)
Desde hace mucho tiempo atrás, los adultos mayores han sufrido vulneraciones de sus derechos humanos, debido a la falta de normativa; sin embargo, las naciones y los Organismo Internacionales de Derechos Humanos, han creado leyes y normas que se han discutido incluso en convenciones internacionales que benefician de manera focalizada a este grupo de personas. Según Avendaño (2023), en la esfera internacional, se han desarrollado convenciones y/o tratados que orientan a los Estados Parte a realizar acciones que garanticen los derechos de estas personas. Esto ha permitido que se reconozcan las dificultades que se desprenden de las personas adultas mayores, ya que tienen una especificidad que se debe tener en consideración, a fin de que puedan ejercer sus derechos, al igual que el resto de la población. (Palma, Perrotta y Rovira, 2019). La Constitución de la República del Ecuador (CRE) en su artículo 36 reconoce y garantiza a las personas adultas mayores que tendrán una atención preferente y especializada, tanto en los sectores públicos como privados. Así mismo, el numeral séptimo del artículo 37 del mismo cuerpo constitucional establece que el Estado tiene el deber de garantizar a las personas adultas mayores el acceso a una vivienda y vida digna, respetando su opinión y consentimiento, esto con la finalidad de que prevalezca el principio de dignidad de los adultos mayores. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1999). Según la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores lo que se busca es promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos específicos de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresados en la CRE, instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). Dentro del marco de sus obligaciones, el Estado tiene que reconocer y garantizar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales, y según el artículo 12 de Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, la aplicación será de oficio o a petición de parte por los servidores públicos. (ANE, 2019).