La responsabilidad del notario en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Ecuador - Bustamante Acaro, María De Lourdes (2024)
La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, “responder”, significado que ha estado presente en la historia de la humanidad; sin embargo, el primer registro de positivización en el derecho objetivo de la responsabilidad norma data del año 326 A.C con la denominada Ley Poetilia Papiria, esta norma señalaba que la responsabilidad ante el incumplimiento de una obligación recae subsidiariamente sobre la persona, ya que a partir de dicha Ley se responde en primer término con sus bienes y luego con su cuerpo. Esta situación de primitivismo evolucionó dejando atrás la venganza privada hasta llegar a la heterocomposición de la norma que le asigna el rol al Estado la solución de conflictos y la determinación de la responsabilidad. En la actualidad, el establecimiento de responsabilidades derivadas de la actuación de los funcionarios públicos es uno de los aspectos más significativos en el cumplimiento de los fines del Estado, establecidas en el ordenamiento jurídico en apego a los principios del Estado de derecho. Aunado a ello, la historia de la humanidad se ha caracterizado por las constantes invenciones generadas por los avances científicos que han facilitado el desarrollo de tecnologías como el internet, que transformó la cotidianidad permitiendo el intercambio de información en tiempo real desde cualquier espacio geográfico, eliminando las limitaciones generadas por las fronteras; al igual que, impacto entre otros ámbitos en las relaciones comerciales; al igual que, el intercambio de bienes y servicios (Ordóñez, 2007). Esta realidad no ha sido ajena al ámbito jurídico que permitió las transacciones económicas electrónicas, el acceso a la información pública, transformando la concepción tradicional del derecho. En especial, la función notarial el cual tiene la responsabilidad de dar fe pública de la realización de los actos, hechos o negocios jurídicos; de manera que, el notario público es el responsable de otorgar la autenticidad del intercambio de bienes y servicios; en consecuencia, de legitimar y dar certeza jurídica a los documentos que legitiman. De manera que, el notario tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la normas en las distintas operaciones para la prevención del lavado de activos. (Toso Milos, 2021)