Criminalización de la dirigencia indígena que participaron en el paro de octubre 2019 en Ecuador
En el Ecuador entre los días 2 a 13 de octubre de 2019 se realizó un paro nacional de actividades, en el cual se encontraban involucrados diferentes sectores, uno de ellos era el sector indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Federación Ecuatoriana de In...
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| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Sprog: | spa |
| Udgivet: |
2023
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/17391 |
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| Summary: | En el Ecuador entre los días 2 a 13 de octubre de 2019 se realizó un paro nacional de actividades, en el cual se encontraban involucrados diferentes sectores, uno de ellos era el sector indígena, representado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine) y diferentes sectores sociales. Al finalizar las jornadas de protesta, incluso antes, los dirigentes indígenas fueron criminalizados judicialmente al ser encausados por los daños sufridos por diversos bienes materiales públicos y privados. El paro nacional fue convocado como resultado de la negativa a la petición de derogatoria del Decreto Ejecutivo 833, mediante el cual se suprimían los subsidios a las gasolinas extra, eco país y diésel. La supresión de los subsidios afectó el alto costo de la vida, incidiendo en el alza de productos de primera necesidad, contribuyendo en alguna medida al desempleo y a la emigración, lo que generó un alto índice de conflictividad. Dada la alta intensidad de la protesta, durante las mismas hubo algunos fallecidos y muchas personas resultaron con heridas de diversa consideración, algunas lesiones eran graves. La Policía Nacional arremetió contra hombres y mujeres sin distinción, agrediendo a los protestantes, lo que permite concluir que no se respetaron los derechos humanos, pese a que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están obligados por la Constitución y la ley a hacer un uso proporcional de la fuerza a usar armas no letales en su confrontación con manifestantes. El gobierno debía garantizar eso en cumplimiento de su deber con la ciudadanía y los valores democráticos. |
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