La acumulación de penas en el juzgamiento del delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización y el debido proceso - Zumba Santamaría, Delia Salomé (2017)
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 82 trata de la seguridad jurídica que no es otra cosa que: “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”, lo que guarda relación con el Art. 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice “Principio de Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”. Dicho esto, existen numerosos instrumentos jurídicos de diferentes jerarquías; pudiendo ser constituciones, tratados, declaraciones, convenciones y muchos códigos procesales que han asumido el desarrollo de la aplicación del debido proceso ya que es el resultado de la conquista político-jurídica lograda en el Siglo XIII y hoy al iniciar el siglo XXI es toda una categoría del conocimiento positivizada en el Derecho Internacional Público sobre Derechos Humanos, así como en muchas Constituciones y en la mayoría de los Códigos procesales. Al Debido Proceso puede entenderse como el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso judicial, que le aseguran a lo largo del mismo, una administración de justicia que tutele sus derechos; entre estos tenemos los principios de: libertad y seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho, recalcándose como principios imprescindibles del debido proceso: el de reserva; legalidad; la Presunción de Inocencia; non bis in ídem; juez natural, contradicción, igualdad, humanidad; in dubio pro reo” y el de Imparcialidad, entre los más importantes, que buscan un procesamiento penal óptimo a fin de no violentar derechos y garantías constitucionales.