La normativa jurídica sobre la práctica del examen de ADN en el proceso sumario de alimentos y declaratoria de paternidad, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa

Es importante entender que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a conocer la verdad biológica e histórica de su relación parental y por ende su filiación. En la actualidad se cuenta con una normativa nacional y supranacional, que garantiza sus derechos, que busca un desarrollo integral...

Бүрэн тодорхойлолт

-д хадгалсан:
Номзүйн дэлгэрэнгүй
Үндсэн зохиолч: Salvador Locke, Carlos Mauricio (author)
Формат: bachelorThesis
Хэл сонгох:spa
Хэвлэсэн: 2019
Нөхцлүүд:
Онлайн хандалт:http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/10791
Шошгууд: Шошго нэмэх
Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!
Тодорхойлолт
Тойм:Es importante entender que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a conocer la verdad biológica e histórica de su relación parental y por ende su filiación. En la actualidad se cuenta con una normativa nacional y supranacional, que garantiza sus derechos, que busca un desarrollo integral y el disfrute pleno de los mismos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Los cuerpos legales referidos, inicialmente consagran preceptos de avanzada que, difieren visiblemente a las disposiciones del Código Civil, por lo tanto, virtualmente han quedado en modificar y considerar al ADN, como una prueba acertada para poder determinar con exactitud la relación patento-filial; en este sentido, la información científica, que se va a obtener a través de las práctica de las pruebas de ADN puede ser utilizada de manera eficaz por los solicitantes para contribuir a la resolución del problema. Los efectos que produce al momento de no presentarse las pruebas de ADN es nada más que el juzgador disponga a que se inscriba al menor de edad, al Registro Civil solamente con la sentencia que el juzgador emitió, sin darle la parte de la demanda esto pueda justificar su inasistencia a dicha prueba, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al defensa garantizado en la Constitución de la República de Ecuador.