Política pública para la capacitación y asignación de recursos a la policía nacional, y el uso legítimo de la fuerza - Albán Pazmiño, Carlos Steeve (2023)
El ejercicio efectivo de los derechos es un fin fundamental de los Estados, especialmente para sus ciudadanos. En educación, medicina, trabajo y otros campos, un Estado puede cumplir con su obligación de proteger los derechos a través del aparato político institucional. Uno de los deberes es mantener la seguridad ciudadana y mantener el orden público. La importancia de la seguridad ciudadana radica en su capacidad para salvaguardar a las sociedades de la normalidad y de cualquier injerencia en la participación democrática. Todos los días, hay numerosas situaciones que podrían representar una amenaza para la seguridad o alterar el orden público. Una discusión entre una familia o una pareja puede convertirse en violencia. Una colisión de tráfico no es la única ocasión en la que se produce una agresión física. Se requiere un órgano especializado para supervisar la protección de los derechos humanos, incluidos los de terceros, en determinadas situaciones. La Policía Nacional es la persona jurídica que tiene la facultad de velar por el orden público, la seguridad y convivencia ciudadana en el Ecuador, de conformidad con el derecho de nivel internacional de los derechos humanos (Valdés, 2016). El concepto de seguridad, que se basa en el derecho a ser protegido, ha sido establecido por organizaciones internacionales de derechos humanos y se extiende más allá de la reducción del crimen. La creencia es que los servidores policiales deben ser las personas más competentes para llevar a cabo sus responsabilidades, incluidas las técnicas, tácticas y reglamentos, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y mantener el orden público. Este estudio busca analizar el uso de la fuerza policial en una variedad de contextos, incluyendo el carácter, el nivel y los parámetros legales, dentro de la función del Estado para mantener la seguridad y el orden público. La capacidad de la Policía Nacional para hacer uso legítimo de la fuerza permite a los ciudadanos ejercer de manera efectiva sus derechos constitucionales (Valdés, 2016). En términos de legalidad y del uso o aplicación de la fuerza, según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: Esta institución enfatiza que, en casos de fuerza, el Estado debe tener un marco legal adecuado para regular el uso de la violencia y garantizar el derecho a la vida, proporcionar equipo apropiado a los funcionarios de la fuerza y capacitar y seleccionar cuidadosamente a estos funcionarios. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a modificar su legislación nacional y garantizar que quienes están bajo su jurisdicción respeten su derecho a la vida, incluso si utilizan la fuerza para hacerlo. Las políticas estatales sobre el uso de la fuerza deben ser explícitas y claras, y también se deben tomar medidas para garantizar el cumplimiento de estos Principios y el Código de Conducta. El suministro de armas, municiones y equipo de protección a los agentes es crucial para ajustar su respuesta de manera adecuada a los acontecimientos intermedios y minimizar el uso de armas mortales. Asimismo, el Estado debe formar a los servidores policiales sobre los requisitos legales para el uso de armas de fuego y su uso adecuado (Icaza, 2008).