Las limitaciones en permisos para estudios de personas trabajadoras y el derecho a la educación - Ruiz Rodríguez, Jenifer Lisseth (2021)
El Estado juega un papel importante a nivel económico y social, fundamentándose en brindar bienestar a las personas mediante la protección del empleo, prestación de servicios básicos como: salud, educación, justicia, seguridad ciudadana, entre otros (CASTELAZO, 2015). De hecho, a través de las empresas públicas se mantiene la interacción con la colectividad, el diálogo y negociaciones con otras instituciones; con el fin de contribuir al desarrollo social (GASPARINI ET AL., 2015). En América Latina, durante el siglo XX, las empresas estatales fueron parte esencial en la implementación de políticas públicas, que repercutieron en la expansión de estas (BARRÍA, 2015). Es así como, actualmente el sector público se constituye como el principal empleador en las economías modernas (GASPARINI ET AL., 2015). En Ecuador, las empresas públicas deben cumplir su papel dentro de una dimensión legal, siguiendo lo promulgado en la Constitución y normativas asociadas; además de cumplir una dimensión estratégica, orientando sus actividades a desarrollar industrias estratégicas, regular mercados, generar rentabilidad social a través de proyectos de inversión social y liderar la reconversión productiva hacia la sociedad del conocimiento (WASHIMA, 2015). En este sentido, los trabajadores que laboran en estas entidades poseen derechos y responsabilidades que deben ser acatados por ellos y las empresas. Es importante mencionar que, el análisis del empleo público se asocia a las condiciones de contratación; donde según un estudio desarrollado en el 2015 indicó que el porcentaje de empleados públicos con contrato permanente es alto (95.8%), y relativamente superior al de los empleados en el sector privado formal; gozando con derechos como una jubilación, permisos, seguros de salud, entre otros (GASPARINI ET AL., 2015). Por lo tanto, a nivel de país, estos derechos se encuentran establecidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 así como en el Código de trabajo del 2005.