Acogimiento institucional y el principio de interés superior del niño en la Ciudad de Babahoyo - Santillan Guim, Karla (2021)
En relación al primer eje del Programa Nacional para el Buen Vivir (2017-2021), mismo que menciona: “Derechos para todos durante toda la vida”, cuyo Objetivo 1 es: “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, este trabajo toma de base el mencionado eje y objetivo para efectuar el desarrollo del mismo, proveyendo un matiz instructor y una propuesta para generar un mejoramiento en la aplicación y respeto del derecho a la integridad personal del niño. El Ecuador, siendo un país garantista que identifica y reconoce a su población el pleno disfrute y respeto de sus derechos, al tratar sobre medidas de protección se hace referencia a las que son establecidas por organismos que se encargan de hacer valer y respetar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como son las Juntas Cantonales de Protección de derechos de la Niñez y Adolescencia, Jueces de la Niñez y Adolescencia y entidades especializadas, habiendo estos organismos de defensa en nuestro país es temible escuchar, observar y conocer que ciertas acciones de protección de los derechos de este grupo prioritario son aplicadas a medias o en ciertos casos son ejecutadas tardíamente debido a procesos administrativos que retrasan y se tornan ineficaces. Con base a lo expresado se posee conocimiento que existen 784 casos de maltratos puestos en conocimiento de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia a lo largo de todo el territorio Ecuatoriano, se indica que mayormente los infantes víctimas de maltrato son varones con un 51% y el 49% pertenecen a niñas, por lo cual evidentemente se nota que son un numero de trasgresiones muy elevado y que cuyas leyes no están siendo respetadas ni aplicada en manera inmediata logrando disminuir estos índices de violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En datos investigados se refleja que los principales trasgresores de los derechos de los infantes y adolescentes son sus progenitores; en primer escala están las madres con un 35.1%; sus padres con un 22.1%; ambos con el 12.9% de los casos reportados; lo cual conlleva a que estos menores en situación de vulneración sean retirados de su contexto familiar y sean puestos en instituciones especializadas para remediar estas situaciones y en ciertos casos lograr una reinserción a la sociedad sean con familiares o en hogares sustitutos, pero existe una variante en donde a internos de las casas de acogida se generan vulneraciones que dejan grandes secuelas en los niños pues pueden llegar a entender que ellos nacieron para ser denigrados e irrespetados (Sanchez Martinez, 2018).