El conflicto entre la constitución nacional y los tratados internacionales: el caso de la extradición pasiva en el Ecuador - Vargas Sánchez, Melanie Thais (2024)
El escenario internacional está marcado por la interdependencia, en buena medida como consecuencia de las diversas amenazas que actualmente azotan a los países, de todas las regiones del mundo (Riquelme et al., 2019). Una de las figuras legales esenciales que propician la colaboración entre los estados, para enfrentar este flagelo es la extradición. La Enciclopedia Universal Ilustrada Europa-América (1989), afirma que la extradición es el único instrumento internacional que busca la justicia, por medio de la cooperación entre los Estados. Es un instrumento efectivo para combatir y evitar la impunidad del delito, impedir que una persona se sustraiga de la justicia y ocultarse en un Estado extranjero. Su fundamento radica en el interés, que todos los Estados deben tener, para que prevalezca un orden social internacional y que la justicia surta sus efectos en todos los pueblos civilizados. En su investigación sobre extradición en España, González (2019) reconoce que ésta permite una cooperación entre los Estados, muy importante para lograr hacer frente a la criminalidad que crece en complejidad y sofisticación. Sin embargo, señala que, en el procedimiento de extradición pasiva, el Gobierno es quien tiene la primera y la última palabra, de manera autónoma e independiente al sentido que tenga la resolución judicial correspondiente en su caso, siendo tal su discrecionalidad que la denegación de la extradición pone fin al procedimiento y no es susceptible de recurso alguno. Este aspecto empaña el objetivo de la extradición, en tanto los criterios en que se basa el Gobierno son eminentemente políticos, y ello conlleva a decisiones basadas más en valoraciones de afinidad con el Estado requirente, que en la procedencia racional y motivada de la propia extradición de la persona reclamada.