Competencia de la defensoría pública en los procedimientos administrativos disciplinarios, el derecho a la defensa y tutela administrativa efectiva
En agosto de 2007 se creó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, la que sería la encargada de la ejecución de las políticas y acciones para organizar, implementar y dirigir las actividades de defensa judicial de las personas detenidas que no contaban con un defensor, aunque su...
Gorde:
| Egile nagusia: | |
|---|---|
| Formatua: | masterThesis |
| Hizkuntza: | spa |
| Argitaratua: |
2017
|
| Gaiak: | |
| Sarrera elektronikoa: | http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/7231 |
| Etiketak: |
Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
|
Etiketa erantsi | Gaia: | En agosto de 2007 se creó la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal, la que sería la encargada de la ejecución de las políticas y acciones para organizar, implementar y dirigir las actividades de defensa judicial de las personas detenidas que no contaban con un defensor, aunque su campo de acción se limitaba únicamente a juicios penales. Según estadísticas proporcionadas por el Consejo de la Judicatura, al año 2007, se reportaba más de 18.000 personas privadas de la libertad en todo el Ecuador, de las cuales el 69% no tenía sentencia y el 60% no tenía abogado. (Defensoría Pública, 2008, pág. 1) Al año 2008, se realizó un censo penitenciario que le permitió conocer la situación real de las personas que se encontraban recluidas en los 33 centros de detención del país, el censo estableció que existían 13.532 privados de libertad, de los cuales el 47 %, no tenían abogado defensor, y el 45 % no tenían sentencia. (Ibídem) Con los datos estadísticos obtenidos se dejó en evidencia que el cumplimiento de la garantía del derecho a la defensa era un trámite más del proceso, pues la Función Judicial contaba con 31 defensores de oficio, quienes básicamente cumplían con formalidades judiciales para darle legalidad a los procesos penales que se seguían en contra de ciudadanos detenidos, pero que en la práctica no constituían acciones de verdadera defensa para garantizar los derechos del procesado. Las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Transitoria de Gestión de Defensoría Pública Penal evidenció la necesidad de un sistema efectivo que logre cumplir con las garantías constitucionales y con los tratados y convenios internacionales de derechos humanos a los que el Ecuador está suscrito. |
|---|