Vulneración al principio de presunción de inocencia en el proyecto de ley de extinción de dominio

El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio actualmente tratado en la Asamblea Nacional que se encuentra en informe de primer debate surge en el contexto de la grave crisis de corrupción que atraviesa el país, marcado por constantes escandalados políticos y judiciales, así como el auge de fortunas as...

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Hlavní autor: Solíz Sánchez, Miriam Magali (author)
Médium: masterThesis
Jazyk:spa
Vydáno: 2021
Témata:
On-line přístup:https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/13260
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Shrnutí:El Proyecto de Ley de Extinción de Dominio actualmente tratado en la Asamblea Nacional que se encuentra en informe de primer debate surge en el contexto de la grave crisis de corrupción que atraviesa el país, marcado por constantes escandalados políticos y judiciales, así como el auge de fortunas asociadas a una diversidad de actividades de origen delictuoso. Aunque la corrupción en el Ecuador es sancionada a través de la tipificación de delitos como el tráfico de influencia, delincuencia organizada, peculado, lavado de activos, concusión entre otros, las penas privativas de libertad impuestas no han sido suficientes para frenarla, determinar la ilicitud del origen de los bienes y peor aún para recuperar los recursos sustraídos al Estado. Ante la urgencia de contar con una ley especializada surge la propuesta de incorporar al ordenamiento jurídico ecuatoriano una ley de extinción de dominio, en la que se plantean un conjunto de acciones tendientes a extinguir el dominio de bienes provenientes de las actividades ilícitas ubicados tanto en el Ecuador como en el extranjero. El primer Proyecto de Ley de Extinción de Dominio fue presentado en el año 2017 por el Fiscal General del Estado Carlos Baca Mancheno el mismo que hasta la fecha se encuentra en Informe de Primer debate de la Comisión, mientras que el segundo proyecto al que se le está dando actualmente trámite fue presentado por el Asambleísta Fausto Villamar el 22 de Octubre del 2019 con el objeto de regular el procedimiento de extinción de dominio en favor del Estado el que se encuentra en revisión en Comisión para segundo debate.