Supresión de puestos de servidores públicos en hospitales del ministerio de salud pública del Ecuador año 2020
La supresión de puestos de servidores públicos en hospitales del Ministerio de Salud en Ecuador durante el año 2020 requiere de un análisis documental exhaustivo y de la consideración detallada de los argumentos jurídicos que revisten una trascendencia fundamental. Es especialmente relevante conside...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | masterThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2023
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/16665 |
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| Riassunto: | La supresión de puestos de servidores públicos en hospitales del Ministerio de Salud en Ecuador durante el año 2020 requiere de un análisis documental exhaustivo y de la consideración detallada de los argumentos jurídicos que revisten una trascendencia fundamental. Es especialmente relevante considerar que la autoridad jerárquica superior del Ministerio de Salud Pública decidió suprimir los puestos de forma directa. Por tanto, resulta necesario abordar este análisis jurídico partiendo de la historia de la ley al servicio público ecuatoriano, que se remonta al 7 de agosto de 1973 con la ley de Servicios Personales por Contrato, seguida del Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa (2005), que unifica y homologa las remuneraciones del sector público. Esta ley permitía que los empleados públicos contaran con una estabilidad absoluta luego del tiempo de prueba y obtuvieran el nombramiento definitivo, así como garantizaba la permanencia, ascensos, beneficios y la posibilidad de obtener una jubilación una vez cumplido el tiempo laboral del servidor. La Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP, 2010) introduce la figura legal de supresión de puestos, que se refiere a la eliminación de un puesto de trabajo y la prohibición expresa de volver a crearlo durante dos años, lo que lleva al servidor público a finalizar definitivamente sus funciones de acuerdo al artículo 47 literal c de la LOSEP (Castillo Bazán, 2022). La ley y su Reglamento General, emitidos el 1 de abril de 2010, establecen la supresión de puestos como un medio para desvincular a los servidores públicos, lo que resulta en inestabilidad y desempleo (Asamblea Nacional, 2019). Esta nueva normativa legal conlleva efectos jurídicos de inestabilidad laboral y vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. En consecuencia, es fundamental examinar la potestad de la autoridad competente y los argumentos utilizados en la toma de decisiones para disponer la supresión de puestos de manera directa sin seguir el procedimiento legal para una supresión legítima del servidor público (Ayon Tovar, 2022). |
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