Delincuencia organizada y la asociación ilícita en la dogmática ecuatoriana - García Reyes, Luis Francisco (2024)
La delincuencia organizada, según Higuera (2023) representa uno de los desafíos más apremiantes y complejos de la sociedad contemporánea. Este fenómeno transcurre más allá de las fronteras nacionales, extendiéndose por todo el mundo y operando con una sofisticación que desafía a las autoridades encargadas de mantener el orden y la seguridad. Para Rodríguez (2017) la delincuencia organizada se caracteriza por la existencia de grupos estructurados que buscan obtener beneficios económicos o de otro tipo a través de actividades ilegales. Estos grupos, que pueden abarcar desde organizaciones criminales transnacionales hasta pandillas locales, operan con un alto grado de planificación, coordinación y, a menudo, corrupción. Su alcance se extiende desde el tráfico de drogas, armas y personas hasta la ciberdelincuencia y el lavado de dinero. Diversos factores contribuyen al surgimiento y la persistencia de la delincuencia organizada. La pobreza, la falta de oportunidades económicas, la corrupción institucional, la debilidad del Estado de derecho y la desigualdad social son condiciones propicias para el florecimiento de estas organizaciones. La globalización también ha facilitado la movilidad de estas redes criminales, aprovechando las brechas en los sistemas legales y las diferencias en la aplicación de la ley entre países. Para Romero (2021) la presencia de la delincuencia organizada tiene consecuencias devastadoras para las comunidades y las naciones afectadas. La violencia asociada con estas organizaciones crea un clima de inseguridad, afectando la calidad de vida de las personas. Además, la corrupción y el lavado de dinero erosionan las instituciones gubernamentales y debilitan la confianza de la sociedad en el Estado. A nivel económico, la delincuencia organizada distorsiona los mercados, fomenta la informalidad y obstaculiza el desarrollo sostenible. Dada la naturaleza transnacional de la delincuencia organizada, las respuestas efectivas deben trascender las fronteras nacionales. Rodríguez (2021) indica que la cooperación internacional es esencial para enfrentar este desafío de manera integral. Los acuerdos bilaterales y multilaterales, el intercambio de información entre agencias de aplicación de la ley y la armonización de legislaciones son fundamentales para cerrar las brechas que estas organizaciones explotan.